Fuerza policial, bibliotecas e información
Por Felipe Meneses Tello*

La nota de prensa de Jean-Guy Allard publicada en el periódico cubano Granma, bajo el título «Golpeado con descargas eléctricas en biblioteca de California», sin duda que merece más de un comentario, pues no sólo refleja el nivel enfermo de la fuerza policial de los Estados Unidos (EU), sino que, además, evidencia parte de la causa de los recortes de presupuesto que limitan año tras año las actividades públicas, entre ellas el desarrollo y mejoramiento de las bibliotecas del sector público de ese país. No es verdad que el fenómeno sobre la saña policial se haya incrementado después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. La fuerza-saña policial se ha multiplicado considerablemente, según los expertos sobre el tema, por diez o más veces en los últimos 20 años.

Esto es grave no sólo por los efectos negativos que observamos sobre la población de casa e inmigrante (entre ellos miles de mexicanos y de otros pueblos hermanos latinoamericanos y caribeños), sino también por el control ciudadano que ha venido practicando el aparato represivo de los EU. Así, ahora al control policial callejero hay que sumar el control policial dentro de las instituciones, incluyendo entre ellas a las bibliotecas. De tal suerte que las leyes de los EU se han ido endureciendo, ya sea por temor o mera mentira política de quienes detentan el poder. La Patriot Act es el mejor ejemplo en este sentido (ver: Foerstel, Herbert N. Refuge of a scoundrel: the Patriot Act in libraries. Westport, Connecticut, Libraries Unlimited, 2004, 218 p.), ley que alienta y fomenta la obscena y todopoderosa fuerza policial en el vecino país del norte. Pero quienes piensan que el acoso político-policial a las bibliotecas y sus bibliotecarios estadounidenses comenzó después del ese 11 de septiembre, se equivocan (ver: Foerstel, Herbert N. Surveillance in the Stacks: The FBI's Library Awareness Program. Greenwood Press, 1991, 171 p.). Así, el sentido abstracto de seguridad ha desplazado y desprotegido las libertades civiles de todas las personas de esa nación.

Ley que ha socializado el miedo y ha conseguido paralizar a parte de la sociedad de los EU, entre ellos a varios colegas bibliotecarios; también ha logrado dividir a la comunidad bibliotecaria de esa nación, como lo han venido dando a conocer algunos autores en las revistas American Libraries, Library Journal y otras. Ley que a las bibliotecas y sus bibliotecarios los coloca en constante situación de riesgo. Ley que, asimismo, se convierte en un valor al alza, de tal modo que el miedo cotiza la bolsa, el miedo se constituye en beneficio y sumisión, pero igual en rebeldía, resistencia y desobediencia civil. En este plano dialéctico del actuar humano, los verdugos, propinando golpes certeros de taser (arma ligera que dispara dardos sujetos a un cable por el que se transmite a la víctima corriente eléctrica de alto voltaje), intentan presentarse como guardianes del orden, como salvadores del sistema. El miedo de algunos, de los que miran indiferentes, de los que se cruzan de brazos, es su victoria; el valor civil de otros, de quienes denuncian y no actúan como personas-cosas, es la derrota pública de aquéllos.

He dicho que la fuerza policial de los EU es una parte de la causa de los recortes de presupuesto que limitan año tras año las actividades de utilidad pública. Y así es porque con el gasto público destinado para el aparato policial (constituido, según afirma el análisis anarquista, por los perros guardianes del capitalismo de ese país) se compra todo un arsenal de armas, mismas que son cada vez más sofisticadas, consecuentemente, más caras. Para que la demencia no se detenga, las inversiones debe seguir teniendo como objetivo entrenar y pagar más personal represivo y adquirir, con recursos públicos por supuesto, más equipo para un efectivo control ciudadano en todas partes. En este sentido, el hecho represivo dado a conocer por Jean-Guy Allard, destapa una realidad de una práctica no sólo policial, sino también política, económica e ideológica que tiene como “moral” coger de la hacienda pública de los EU enormes cantidades de dinero para el fortalecimiento de las estructuras policiales que asumen la tarea del control social.

No nos sorprenda entonces saber que los departamentos de policía en los EU consuman el porcentaje más grande del presupuesto de las ciudades, en detrimento de los servicios públicos educativos y culturales, entre ellos el servicio público de biblioteca. El eje ideológico que ahora justifica los desorbitados gastos para sostener la fuerza bruta del gobierno de los EU se basa en la existencia de un enemigo escurridizo denominado terrorismo, el cual tiene como reacción tajante y abierta la práctica de un terrorismo de Estado, o sea una violencia del Estado mediante una política criminal fundada en la práctica policial abyecta. Las vejaciones, las palizas, los insultos, las torturas y las intimidaciones a la luz del día de la fuerza policial son características de esta práctica. Pareciera que la revalidación de los contratos de los uniformados va en función de la agresividad contra el ciudadano sospechoso. En este orden social descompuesto, en donde se hace impresionante gala de la violencia institucionalizada, los derechos humanos apuntan a ser papel mojado, aún dentro de los recintos que caracterizan a la humanidad civilizada, esto es, los centros bibliotecarios.

Acorde con lo anterior, los EU ostenta tanto el monopolio del control de la información como el monopolio de la aplicación de la violencia, dentro y fuera de sus fronteras. Monopolios que por más que se fundamenten sobre el polémico principio de bienestar-seguridad de la ciudadanía, la verdadera coartada es la seguridad de la estructura política componente de la derecha (tergiversada ideológicamente como seguridad del Estado), esto es, la seguridad del entramado para la continuidad de la política conflictiva del orden político, económico e ideológico establecido por los EU. Política más propia de un Estado de guerra que de un Estado de democracia que viola a menudo los derechos fundamentales de mujeres y hombres, de propios y extraños, particularmente los de las clases subalternas, grupos sociales desfavorecidos y pueblos explotados y oprimidos.

La mancillada imagen del gobierno de los EU, en el caso de la información, se evidencia por contar con unos medios dominantes de comunicación cada vez menos objetivos; en el caso de la seguridad ciudadana, se refleja por el horror, las violaciones, los asesinatos y la miseria de cómo se comporta la fuerza policial en su intento retorcido de velar y defender los valores rectores de la democracia (libertad, igualdad y justicia). Lejos está ese tipo de policías de ser los responsables de mantener la seguridad de los ciudadanos, pues toda fuerza pública uniformada que ataca a ciudadanos indefensos debe ser vista en realidad como un cuerpo de represión dispuesto a defender los intereses y privilegios de quienes detentan legalmente (pero no ética ni legítimamente) el poder político y, así, ayudar a mantener el ecosistema capitalista que también los maltrata y explota. En la realidad esos uniformados se convierten, como cotidianamente se percibe, en los fieles protectores de la propiedad privada y del capital, concentrado éste en unas cuantas manos.

Si los profesionales de la biblioteca conseguimos que con este tipo de reflexiones que salga a luz todo la impotencia e indignación que se siente por todas estas arbitrariedades, quizá algún día logremos avanzar en la defensa real y objetiva de nuestros intereses ciudadanos. Mientras tanto, nuestra responsabilidad social y política nos llama a continuar creando un análisis crítico a esta situación, para que así al menos se escuchen otras voces, otras formas de interpretar las injusticias que comete la fuerza policial al servicio del imperio que atenaza y amenaza las libertades civiles no sólo de los ciudadanos estadounidenses, sino los de todo el mundo.

*Felipe Meneses Tello
Círculo de Estudios sobre Bibliotecología Política y Social
México, D. F.

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