..."Lo que os puedo dar os doy, que es una ínsula hecha y derecha, redonda y bien proporcionada..."
"Don Quijote de la Mancha". Capítulo XLII: " De los consejos que dió Don
Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula..."

ISSN: 1810-4479
Publicación Semanal. Año 3, Nro.130, Viernes, 30 de junio del 2006

 

Intolerancia en El Poder y El Poder de la Intolerancia
Por Max Castro

La buena noticia es que los cubano-americanos han obtenido una asombrosa cantidad de poder político e influencia en los niveles nacional, estatal y local en poco más de una generación. Este es un logro tan impresionante como cualquier otro en la larga historia de la inmigración hacia este país.

La mala noticia es la manera en que los políticos cubano-americanos en los tres niveles han utilizado ese poder. Es irónico que un grupo que se considera el abanderado de la libertad y la democracia para su patria de origen elija líderes cuyas acciones consistentemente limitan la libertad y violan la democracia en su patria adoptiva. Sin embargo, la historia reciente demuestra que es así.

A nivel federal, los miembros cubano-americanos del Congreso han promovido durante años una política norteamericana hacia Cuba tan punitiva como los tiempos han permitido. Se aprestaron a aprovechar las crisis en las relaciones EE.UU.- Cuba, como la ola de balseros en 1994 y el derribo del avión de “Hermanos al Rescate” en 1996, a fin de que el Congreso y el ejecutivo endurecieran la política norteamericana.

A fines de la década de 1990 y principios de la del 2000, los vientos políticos en Washington estaban muy a favor de desmantelar elementos significativos del embargo, especialmente los componentes de viajes y de comercio. Durante este período, los miembros cubano-americanos del Congreso jugaron principalmente a la defensiva.

Trabajando estrechamente con el liderazgo republicano, lograron torpedear legislaciones que hubieran eliminado las prohibiciones de viajar –incluso después de que tales legislaciones habían sido aprobadas en ambas cámaras.

La campaña de reelección de W. Bush dio a los extremistas una oportunidad de pasar a la ofensiva

La campaña de reelección de George W. Bush en 2004 dio a los extremistas cubano- americanos una oportunidad de pasar a la ofensiva y hacer exigencias a la administración. Ellos consideraron que habían elegido a Bush en el 2000 y que no habían recibido mucho a cambio. Ahora querían acciones más duras contra Cuba. Bush respondió con nuevas restricciones draconianas a los viajes educacionales y familiares a la isla. Las víctimas principales fueron los cubanos en Estados Unidos y sus familiares en la isla.

Entre los que hicieron las demandas a Bush durante la campaña estaban los miembros cubano-americanos de la Legislatura de la Florida. Aunque los estados no hacen la política exterior, ese principio nunca fue obstáculo para el Representante estatal David Rivera. Esta primavera el republicano cubano-americano finalmente tuvo éxito en insertarse en la política exterior cuando logró que la legislatura aprobara una ley del estado que hará muy difícil o imposible para los investigadores en el sistema universitario de la Florida el viajar a Cuba o a otros estados en la lista de países que el Departamento de Estado asegura que promueven el terrorismo.

La acción estaba destinada especialmente a obstaculizar los viajes académicos a Cuba.

Rivera tiene una larga historia de acoso y búsqueda de castigo para los que viajan a Cuba por la razón que sea. La Unión Norteamericana de Libertades Civiles va a presentar una demanda judicial para que la nueva ley sea derogada.

Finalmente, a principios de este mes la junta de la Escuelas Públicas de Miami-Dade aprobó por 6 votos contra 3 eliminar el libro Vamos a Cuba de sus bibliotecas. Los extremistas condenan el libro porque presenta la vida en Cuba de manera excesivamente positiva; ellos comenzaron una campaña para eliminar el libro. A pesar del hecho de que un comité nombrado por el Superintendente de las Escuelas Públicas del condado Miami-Dade, Rudy Crew, votó 15 a 1 a favor de mantener el libro, la junta anuló la decisión con el voto unánime de sus cinco miembros cubano-americanos. El único rayo de esperanza en este cuadro deprimente fue que el único estudiante que es miembro sin voto de la junta educacional, un cubano-americano, recomendó que se mantuviera el libro.

La omnipresente y profunda influencia de los extremistas cubano americanos en los tres niveles del gobierno

Estas acciones de políticos cubano-americanos en los tres niveles de gobierno demuestran justamente cuán omnipresente y profunda es la influencia de los extremistas cubano-americanos y hasta dónde ha penetrado las instituciones norteamericanas la ideología dura del exilio, desde el más poderoso hasta el más provinciano. También demuestra de qué forma el odio por Fidel Castro y su gobierno continúa eliminando toda otra consideración, incluyendo los principios básicos de libertad, democracia y sentido común.

¿Cómo pueden los cubano-americanos que aseguran que están a favor de la libertad tratar de usar el asombroso poder del gobierno federal para evitar que sus compatriotas, incluidos los cubano-americanos, decidan libremente por sí mismos si quieren viajar a Cuba o boicotear los viajes a la isla? Los extremistas cubano-americanos puede que hayan cumplido con sus principios al abstenerse de la coerción y luchar contra los viajes a Cuba usando los influyentes medios del exilio, sus significativos recursos monetarios y el poder de la persuasión. Pero cuando sus argumentos cayeron en oídos sordos debido al llamado más fuerte de la familia y la nación, decidieron que tenían que salirse con la suya a cualquier precio y apelaron al pesado garrote del gobierno norteamericano para que se cumplieran sus deseos a expensas de la libertad y sobre los hombros de sus compatriotas cubanos.

Ahora los funcionarios estatales y locales han comenzado a emular las insensatas prioridades de los legisladores federales. Prohibir el viaje por razones investigativas y eliminar un libro de las escuelas de Miami-Dade no promoverá la libertad y la democracia en Cuba; sin embargo, estas medidas reducirán la libertad y la democracia en Estados Unidos. Ponen en duda –una vez más– la autenticidad de la reivindicación cubano-americana de representar una alternativa democrática para Cuba. Y la dependencia del poder punitivo del gobierno norteamericano para poner en práctica políticas gastadas que transgreden sus propios supuestos principios demuestra una falta de consistencia y una imaginación política empobrecida.

Los lideres cubano-americanos, especialmente de la derecha, a menudo se quejan amargamente del tratamiento que la comunidad recibe en los medios y la imagen de cubano-americanos en Estados Unidos y el resto del mundo. Pero clamar en contra de los compatriotas o de los pueblos de todo el planeta no logrará nada mientras el poder cubano-americano se use para prohibir libros, impedir los viajes libres y castigar a todo un pueblo –los cubanos a ambos lados del mar– a fin de saldar una cuenta política.

Fuente: Progreso semanal

Tomado de Por Cuba, Boletín especial de CUBARTE, Año 4 Número 48, 23 de Junio del 2006

En la foto Junta Escolar de Miami-Dade

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Intolerance in power & the power of intolerance
By Max J. Castro

The good news is that Cuban Americans have obtained a remarkable amount of political power and influence at the national, state, and local levels in scarcely more than a generation. This is an accomplishment as impressive as any in the long history of immigration to this country.

The bad news is how Cuban American politicians at these three levels have used that power. It is ironic that a group that considers itself a standard bearer for freedom and democracy for its homeland would elect leaders whose actions consistently curtail freedom and violate democracy in their adopted nation. Yet recent history demonstrates that such is the case.

At the federal level, Cuban American members of Congress for years have pushed for as punitive a U.S. policy toward Cuba as the times have allowed. They were quick to take advantage of crises in U.S.-Cuba relations, such as the wave of rafters in 1994 and the downing of the “Brothers to the Rescue” plane in 1996, to get Congress and the executive to make U.S. policy ever harsher.

In the late 1990s and early 2000s, the political winds in Washington were blowing strongly in favor of dismantling significant elements of the embargo, especially the trade and travel components. During this period, Cuban-American members of Congress played mainly defense. Working closely with the Republican leadership, they managed to torpedo legislation that would have effectively ended the travel ban – even after such legislation had passed both houses.

The George W. Bush reelection campaign in 2004 gave Cuban American hardliners a chance to go on the offensive and to make demands on the administration. They felt they had elected Bush in 2000 and had not received much in return. Now they wanted tougher actions against Cuba. Bush responded with draconian new restrictions on educational and family travel to the island. The main victims were Cubans in the United States and their relatives on the island.

Among those making demands of Bush during the campaign were Cuban American members of the Florida Legislature. Although states don’t make foreign policy, that principle never stopped Florida Representative David Rivera from trying. This spring the Cuban American Republican finally succeeded in injecting himself into foreign policy when he got the legislature to pass a state law that will make it extremely difficult or impossible for researchers in the University of Florida system to travel to Cuba or other states on the U.S. State Department list of countries that sponsor terrorism. The move was designed specifically to curtail academic travel to Cuba. Rivera has a long history of harassing and seeking to punish those who travel to Cuba for whatever purpose. The American Civil Liberties Union is suing to have the new law overturned.

Finally, earlier this month the board of the Miami-Dade Public Schools voted 6-3 to ban the book Vamos a Cuba from its libraries. Hardliners condemned the work as portraying life in Cuba in an excessively positive light; they started a campaign to have it removed. Despite the fact that a committee appointed by Superintendent of Miami-Dade County Public Schools Rudy Crew voted 15-1 to keep the book in the libraries, the board overrode the decision on the strength of the unanimous vote of its five Cuban American members. The one glimmer of hope in this otherwise depressing picture was that the non-voting student member of the school board, a Cuban American, recommended the book be kept.

These actions by Cuban American politicians at all three levels of government demonstrate just how pervasive and deep the influence of Cuban American hardliners runs and the extent to which hardcore exile ideology has penetrated American institutions, from the most powerful to the most parochial. It also shows how hatred for Fidel Castro and his government continues to trump all other considerations, including basic principles of freedom and democracy and common sense.

How can Cuban Americans who claim to stand for freedom seek to use the awesome power of the federal government to prevent fellow Americans, including Cuban Americans, from deciding freely for themselves whether they want to visit Cuba or boycott travel to the island? Cuban American hardliners might have honored their principles by eschewing coercion and fighting against travel to Cuba by using the influential exile media, their significant monetary resources, and the power of persuasion. Instead, when their pleas fell on deaf ears because of the stronger call of family and nation, they decided that they had to have their way at any cost and turned to the heavy club of the U.S. government to enforce their wishes at the expense of freedom and on the backs of fellow Cubans.

Now state and local officials have begun to emulate the misguided priorities of federal legislators. Prohibiting travel for the purpose of research and banning a book from the Miami-Dade schools will not promote freedom and democracy in Cuba; these measures will diminish freedom and democracy in the United States, however. They call into question – yet one more time – the authenticity of Cuban American claims to represent a democratic alternative for Cuba. And, the reliance on the U.S. government’s punitive power to enforce worn-out policies that transgress against their own alleged principles betrays a lack of consistency and an impoverished political imagination.

Cuban American leaders, especially on the right, often complain bitterly about the treatment the community receives in the media and the image of Cuban Americans in the United States and the rest of the world. But railing against fellow Americans or the people of the whole planet will not accomplish anything as long as Cuban American power is used to ban books, impede free travel, and punish an entire people – the Cubans on both sides of the water – in order to settle a political score.

Progreso Weekly




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