Señora Bibliotecaria
Wall Stret Journal: 10 de febrero de 2006; Página W11

El 10 de marzo caducan nuevamente algunas secciones del Acta Patriótica. Una cláusula importante es la Sección 215, de las más famosas por la supuesta amenaza que representa para los patrocinadores de las bibliotecas. Entre todos los panoramas de horror levantados por los críticos del acta, ocupa un lugar preponderante el espectro de los agentes federales adentrándose en las bibliotecas públicas y las librerías para vaciar las cajas contadoras y revisar los e-mails de los americanos ordinarios.

Para el registro, la Sección 215 no señala las bibliotecas, pero relaciona las demandas oficiales para "cosas tangibles" (incluyendo libros, archivos, papeles, documentos y otros artículos). No se conoce que la cláusula haya sido invocada todavía contra una biblioteca; y el Congreso planea agregar privacidad adicional y garantías del debido proceso.

Todavía no vemos que la controversia haya terminado, por lo que este puede ser un buen momento para repasar las credenciales de algunos de los que más se preocupan acerca del Acta Patriota y las invasiones de la privacidad, incluyendo la Asociación de Bibliotecas Americanas. Al oír las conversaciones de ALA, los bibliotecarios son el último baluarte en la defensa de nuestras queridas libertades civiles contra los ataques del gobierno. Dos recientes ejemplos muestran nuevamente que estos guardianes del bienestar público establecido pueden ser muy selectivos sobre las personas y derechos que ellos escogen proteger.

Un ejemplo vino de Newton, Massachusetts, el 18 de enero, después de que alguien usó una computadora de la biblioteca pública para mandar un email de amenaza de ataque terrorista a la Universidad de Brandeis. Muchos edificios escolares fueron evacuados y los agentes del FBI se apresuraron a la biblioteca esperando rastrear en tiempo al remitente del email para prevenir un ataque. Una vez allí, sin embargo, les fue impedida la entrada durante nueve horas por Kathy Glick-Weil, directora de la biblioteca, porque no tenían una orden. El alcalde de Newton elogió después a la señorita Glick-Weil por "proteger el sentido de privacidad de muchos, muchos usuarios inocentes de las computadoras", más importante, parece, que proteger las vidas de muchas, muchas personas inocentes que podrían haber muerto si la amenaza hubiera resultado ser inminente.

Más revelador que el juicio horrible de un solo bibliotecario es la lengua viperina de ALA cuando exige defender todas las libertades de las bibliotecas. Desde 1998, las autoridades cubanas han arrestado y encarcelado a los ciudadanos que operan las "bibliotecas independientes", y destruido sus colecciones. A menudo establecidas en casas, estas bibliotecas proporcionan libros y otras informaciones, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, considerada delictiva por la dictadura comunista.

Organizaciones de los derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, han condenado la represión y llamaron a la liberación de los bibliotecarios. ALA todavía se niega a reconocer el sufrimiento de los homólogos cubanos. Aparentemente acepta la afirmación del gobierno cubano de que los "disidentes" no califican como bibliotecarios y de que la libertad de información florece en la isla.

Un gato saltó fuera de la bolsa en la reunión de ALA en San Antonio, sin embargo, cuando Andrei Codrescu, escritor de procedencia rumana, condenó a la organización por abandonar a los bibliotecarios independientes: “¿Es esta la misma Asociación de Bibliotecas Americanas que se mantuvo contra la censura y por la libertad de expresión en todas partes?”. Para añadir insulto sobre injuria a la ira de los lideres de ALA, una posterior votación informal en un boletín electrónico sugirió que el 75% de los bibliotecarios quiere que la organización respalde a los cubanos.

El domingo, el Presidente de ALA, Michael Gorman, envió un correo al editor del boletín electrónico para decir que "estaremos mejor sin esas encuestas". Eso huele a censura de las mismas personas que nos brindan "Semanas de libros prohibidos". Una organización que clama acerca de los escalofriantes efectos de la Sección 215 sobre los usuarios de las bibliotecas, también parece bastante hipócrita cuando sus propios miembros-lectores son desanimados de circular sus opiniones abiertamente.

Recordar todo esto en marzo, o en cualquier momento que ALA nos diga que, sobre el tema de la libertad, los bibliotecarios son los que más saben.

La Asociación de la Biblioteca Americana responde a la editorial Wall Street Journal

(CHICAGO) La Asociación de Bibliotecas Americanas (ALA), el Presidente Michael Gorman y la oficina de Información Pública, han enviado la siguiente respuesta al artículo del 10 de febrero del Wall Street Journal:

Estimado Editor:

Su editorial ("Señora Bibliotecaria", del 10 de febrero) groseramente tergiversó a la Asociación de Bibliotecas Americanas (ALA) en varios temas.

ALA nunca ha dicho que el Acta Patriota Americana señale a las bibliotecas, más bien esos archivos de la biblioteca son diferentes de otros "archivos comerciales" dirigidos por la Sección 215. De hecho, cada estado tiene leyes u opiniones legales que reconocen la confidencialidad de los archivos de la biblioteca porque son diferentes. Nosotros siempre hemos mantenido que esa Sección 215, la cual le permite a las agencias gubernamentales exigir acceso secreto a los archivos de las bibliotecas y librerías (y también a los archivos médicos, educativos, y financieros), es hostil a los derechos constitucionales básicos.

No tiene sentido simplemente que el FBI pueda pedir archivos, sin demostrar causa probable o sospecha individualizada, o que el blanco de la búsqueda esté prohibido revelarlo a alguien para prevenir cualquier vigilancia verdadera de las actividades de la agencia.

El editorial promueve el engaño no diciéndoles a los lectores que el FBI había declarado que no había peligro inminente cuando la orden fue pedida por la directora de la Biblioteca Libre de Newton. De hecho, oficiales de la biblioteca ayudaron a los agentes de la ley a determinar qué computadoras se podrían haber usado; entonces, de acuerdo con la ley estatal y la garantía de la Cuarta Enmienda, pidió una orden judicial antes de entregar las computadoras. El FBI nunca exigió circunstancias de emergencia que probablemente no habrían resistido escrutinio judicial. Yo habría respondido de la misma manera en la puerta de mi biblioteca o de mi casa.

En cuanto a las acusaciones en lo concerniente a la posición de ALA con respecto a los bibliotecarios cubanos disidentes, el Consejo de la escena política de ALA, que comprende a 182 miembros con vistas divergentes, ha adoptado consecuentemente la misma posición con respecto a Cuba que la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias y, específicamente, ambas organizaciones han pedido al gobierno cubano "respetar, defender y promover los derechos humanos básicos definidos en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas".

No hubo ningún intento por mí o nadie más por censurar las "encuestas" hechas por nuestro periódico Bibliotecas Americanas y, de hecho, las encuestas todavía están haciéndose. Que un periódico nacional deba usar esas cantidades en chismografía de oficina con el propósito de crear hechos para sostener un sin caso, es despreciable.

La mayoría de los más de 66 000 miembros de ALA son ciudadanos americanos, educados, patriotas y especializados en el flujo libre de información exacta, en los Estados Unidos y en cualquier parte. El periódico serviría mejor a sus lectores mirando a ALA en esta dirección en lugar de pintarla con la gorda brocha del estereotipo.

Michael Gorman, Presidente,
Asociación de las Bibliotecas Americanas

Para su inmediata difusión, según el sitio oficial de ALA
Febrero 17, 2006
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=News&template=/ContentManagement
/ContentDisplay.cfm&ContentID=116854

De Lista de Distribución Cuba Inside Out
Karen Lee Wald *

Hace muchos años escribí un artículo sobre Cuba en el Guardián (NY) qué corrió con el titular "Ellos dicen mentiras absolutas; nosotros debemos decir la verdad". Eso es una verdad hoy como lo fue entonces: ellos no tienen absolutamente ningún escrúpulo no sólo hilando, torciendo y tergiversando información, sino también alimentando las mentiras públicas que la mayoría desgraciadamente, tratan de tragar (incluso muchos que están supuestamente en la izquierda). Debajo usted encontrará un artículo del Wall Street Journal y una respuesta de Michael Gorman, Presidente de la Asociación de Bibliotecas Americanas. Por supuesto, Gorman no puede refutar todo lo malo de las intenciones engañosas del WSJ en una carta al editor, pero es una pena que siendo forzado a una posición defensiva (las imputaciones del WSJ de hipocresía por no defender los "derechos" de los llamados "bibliotecarios" en Cuba), él sentía que tenía que limitarse a señalar que las asociaciones de bibliotecas americanas e internacionales habían expresado preocupación una vez por los "disidentes" y habían pedido al gobierno cubano que mostrara respeto por el Artículo 19 del la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Dicho artículo dice que todos tenemos el derecho a la libre expresión y a obtener y divulgar información e ideas a través de cualquier medio de comunicación.

Sin entrar en las implicaciones de ese artículo en una época donde el monopolio de los medios de comunicación corporativo es casi absoluto en la mayoría del mundo, merece la pena por lo menos puntualizar que aquéllos que alzan la voz por este derecho en particular de ninguna forma aceptan como derechos los económicos, sociales y culturales definidos en la declaración. Por ejemplo, los artículos 22-26 afirman que los seres humanos tienen el DERECHO a la comida y alojamiento, cuidado de salud, educación ("la educación más alta será igualmente accesible a todos en base al mérito... se dirigirá la Educación al desarrollo pleno de la personalidad humana y a fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Promoverá comprensión, tolerancia y amistad..."), trabajos (¡con una paga justa y paga igual para trabajo igual!), etc...

El WSJ y aquéllos que representa no tienen absolutamente ninguna consideración por la verdad. Uno de sus alegatos es este: "... estas bibliotecas [sic] proporcionan libros y otra información, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, considerada delictiva por la dictadura comunista."

Si nosotros analizamos esa declaración parte por parte se desploma en pedazos..., empezando con el cargo de que Cuba es una "dictadura comunista". La Declaración Universal de Derechos Humanos no es considerada "delictiva" por el gobierno cubano. Usted puede leerla en una VERDADERA biblioteca pública en Cuba y puede encontrarla en muchos estantes. Las llamadas "bibliotecas" referidas por el WSJ no son ni siquiera bibliotecas en el sentido normalmente aceptado del término (significando lugares públicos apoyados por fondos públicos para prestarle libros al público, libres de cargo). Ellas son colecciones muy selectivas, colecciones privadas en casas privadas de personas que se oponen al gobierno cubano o ven algún beneficio personal tomando esa posición. Ellos están casi completamente financiados por los fondos del gobierno de EE.UU. (como AID) y alcanzan a los llamados "bibliotecarios" a través de la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana o los emisarios de los grupos de la extrema derecha cubano-americana.

Para su crédito, Gorman termina su carta señalando que los miembros de la Asociación de Bibliotecas están dedicados al "flujo libre de información EXACTA"... una distinción importante de aquéllos que torcerían las palabras y constituirían hechos para satisfacer su agenda.

k/w

Karen Lee Wald, escritora, activista, educadora, ha estado explicando, defendiendo y enseñando durante más de treinta años sobre la historia y la realidad de la Revolución en Cuba.

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BIBLIOTECARIOS “INDEPENDIENTES”
Del país de Drácula, un apoyo para el agente Robert Kent
Por Jean Guy Allard

Al colaborador de la CIA Robert Kent, inventor del grupúsculo "Friends of Cuban Libraries" que se dedica a desinformar a las organizaciones de bibliotecarios sobre el tema de Cuba, se le ha asignado un nuevo ayudante. Prosiguiendo en su plan de asociarse a Europeos del Este para atacar al socialismo cubano, el obsesivo neoyorquino ha realizado su última operación contra la American Librarian Association (ALA) en compañía del poeta norteamericano de origen rumano Andrei Codrescu.

El individuo es el tercer seudo europeo del Este reclutado por Kent con su idea fija de crear un paralelo entre Europa del Este y Cuba a todo costo, una maniobra que corresponde sin duda a una estrategia del think tank anticubano que mantiene en su cuartel general de Langley, Virginia, la Agencia Central de Inteligencia. Codrescu es, de hecho, el apellido que se escogió algún día el rumano Andrei Perlmutter a la hora de crearse una nueva imagen. Judío de nacimiento y de religión, juzgóo conveniente — por alguna razón que él sólo conoce — quitarse el nombre de familia que lo asociaba a su comunidad. Se escogió otro que lo identifique al país donde nació, el 20 de diciembre de 1946, en Sibiu, localidad de Transilvanía, región famosa por un personaje al cual siempre le gustó referirse: Drácula.

Adolescente, Perlmutter/Codrescu ya está en desacuerdo con el régimen político de su país que abandonará en 1965, a los 19 años de edad para pasar a Italia y Francia donde buscará instalarse sin éxito antes de cruzar el Atlántico y descubrir su nueva patria. Para mejor situarse, recordemos que es en 1965, el año de su partida, que llegará Nicola Ceaucescu a la dirección de Rumania.

En Estados Unidos, donde aparece en 1966, el joven Codrescu empieza su inmersión al pegarse, en Nueva York, a Allen Ginsberg y su tropa entonces de moda del East Village. Usa entonces, una primera vez, una identidad ficticia para publicar unos poemas que se calificarán de mediocres. Los firmara Maria Pardfenie y seguirá luego usando nombres de mujeres antes de que ocurra su última transformación. De hecho no son sus proezas literarias las que harán conocer al exilado rumano en Estados Unidos, sino un programa de la National Public Radio (NPR) titulado All Things Considered, en el cual se creó una cierta fama. Siempre, Andrei Codrescu usará para su beneficio su estatuto de “emigrado de un país comunista” para buscarse una clientela en un país donde el mccartismo tiene raíces aparentemente indestructibles. Obtendrá la nacionalidad estadounidense en 1981.

Es sin duda su anticomunismo virulento el que le procuró oportunidades tales como su actual puesto de profesor universitario en la Universidad de la Nueva Orleáns, a pesar del hecho de que nunca se graduó de una institución de este nivel. Y lo que explica su presencia al lado de un personaje como Robert Kent, el agente itinerante de "Friends of Cuban Libraries".

Dos misiones muy particulares han ilustrado la trayectoria política de Codrescu. En diciembre del 89, se le asigna al poeta-comentarista la tarea de observar desde adentro los cambios que ocurren en Rumania. El libro que resulta de esta peregrinación, The Hole in the Flag, es recibido por un chorro de criticas, en particular por los numerosos errores cronológicos y geográficos que contiene.
En 1998, reincide después de una visita a La Habana con Ay, Cuba: A Socio-Erotic Journey, una obra bastante repugnante donde se destaca su fascinación con las adolescentes. Codrescu, que no habla tres palabras de español, ha visitado la isla durante doce días para escribir un texto lleno de desprecio y, otra vez, de disparates.

LOS MILLONES DE LA GUERRA SUCIA

Estados Unidos se gasta anualmente decenas de millones de dólares del dinero de los contribuyentes para atacar a Cuba. La administración que abandonó a la población negra de Nueva Orleáns es esa misma que mantiene un costoso aparato propagandístico, desde el Sur de la Florida, para dañar la imagen de la Isla. En la ejecución de sus campañas, Kent pretende disponer de misteriosos “apoyos” de Europa del Este. En el último Congreso mundial de bibliotecarios, en Oslo, se supo que una “conexión checa” a la cual Kent quiso utilizar estaba conformada por un oficial de la inteligencia militar norteamericana de origen checo, “Stanley” o “Stan” Kalkus, que emigró a Estados Unidos en 1951.

“Stan” Kalkus emigró de Checoslovaquia a Austria en 1948, y luego a EE.UU en 1951 donde se instala en Chicago. Según sus confidencias a amistades suyas, a penas un año después de su llegada en América del Norte, fue reclutado por la inteligencia militar norteamericana. A partir de ese momento, se sumó a las fuerzas armadas de Estados Unidos y, durante muchos años, “trabajo” en la esfera de la inteligencia en varias partes del mundo.

El “bibliotecario checo” Stanislav “Stan” Kalkus sigue viviendo, por lo menos la mitad del año, en Rhode Island, EE.UU. donde se encuentra su verdadera residencia.

La conexión de Europa del Este, de la cual se jactó Kent en varias oportunidades, comporta otros personajes tales como Silvia Stasselova, de la Universidad Técnica de Eslovaquia donde es jefa de la biblioteca y del “centro de información”. Stasselova se dice Presidenta de la “Asociación Eslovaca de Bibliotecarios”. Sin embargo, esa asociación no es la Asociación Nacional de bibliotecarios, creada en 1920, sino una asociación a parte, creada en… 1990.

Otro compinche europeo del Este del agente Kent en sus aventuras y desventuras anticubanas es Wojciech Siemaszkiewicz, un polaco de Cracovia quién fue "disidente" profesional en su tiempo. Colega de Kent en la New York Public Library, vive en New Jersey, donde es conocido por su proselitismo de extrema derecha. En ese estado cercano a Nueva York, trató en el 2001 de obtener… la candidatura republicana para el Senado. Fracasó.

Madame Librarian
February 10, 2006; Page W11
WALL STREET JOURNAL

On March 10, parts of the Patriot Act expire again. A key provision is Section 215, most famous for the alleged threat it poses to library patrons. Among all the horror scenarios raised by critics of the act, the specter of feds bursting into public libraries and bookstores to paw through the checkout-counter slips and emails of ordinary Americans has loomed large.

For the record, Section 215 doesn't single out libraries but relates to official requests for "tangible things (including books, records, papers, documents and other items)." The provision is not known to have been invoked yet against a library; and Congress plans to add additional privacy and due-process safeguards.

Still, we don't see the controversy going away. So this may be a good time to review the credentials of some of the loudest worriers about Patriot Act and privacy predations, including the American Library Association. To hear the ALA talk, librarians are the last bulwark defending our most cherished civil liberties against government
assault. Yet two recent examples show again that self-anointed guardians of the public good can be very selective about the people, and rights, they choose to protect.

One example came from Newton, Mass. on Jan. 18, after someone used a public-library computer to email a terrorist-attack threat to Brandeis University. Many school buildings were evacuated, and FBI agents rushed to the library hoping to track down the email sender in time to prevent an attack. Once there, however, they were held off for some nine hours by library director Kathy Glick-Weil -- because they didn't have a warrant. Newton's mayor later praised Ms. Glick-Weil for "protecting the sense of privacy of many, many innocent users of the computers." More important, it seems, than protecting the lives of many, many innocent people who could have died if the threat had turned out to be imminent.

More revealing than a single librarian's awful judgment is the ALA's forked tongue when it claims to defend all library freedoms. Since 1998, Cuban authorities have arrested and imprisoned citizens who operate "independent libraries," and destroyed their collections. Often based in houses, these libraries provide books and other
information, such as the Universal Declaration of Human Rights, considered criminal by the Communist dictatorship.

Human-rights organizations, including Amnesty International, have condemned the repression and called for the librarians' release. Yet the ALA refuses to even acknowledge their suffering Cuban counterparts. It apparently accepts the Cuban government's assertion that "the dissidents" don't qualify as librarians and that freedom of information flourishes on the island.

A cat jumped out of the bag at the ALA's January meeting in San Antonio, though, when keynote speaker and Romanian-born author Andrei Codrescu blasted the organization for abandoning the independent librarians. "Is this the same American Library Association that stands against censorship and for freedom of expression everywhere?" To add insult to injury for apoplectic ALA leaders, a subsequent informal poll of the rank-and-file in an electronic newsletter suggested that 75% want the organization to stand up for the Cubans.

On Sunday, ALA President Michael Gorman emailed the newsletter's editor to say that "we would be better off without these polls." That smells like censorship -- from the very same people who bring us "Banned Books Week." An organization that roars about the chilling effect of Section 215 on library users also looks pretty hypocritical when its own member-readers are discouraged from circulating their opinions openly.

All something to remember in March, or any time the ALA next tells us that, on issues of freedom, librarians know best.

FBI Secret Library Access Inimical to Basic Rights
February 25, 2006

The American Library Association (ALA) would like to clarify its position on several matters discussed in your Feb. 10 editorial "Madame Librarian" (Taste page, Weekend Journal).

The ALA has always maintained that Section 215 of the Patriot Act, which allows government agencies to demand secret access to the records of libraries and bookstores (and medical, educational, and financial records as well), is inimical to basic constitutional rights. It simply does not make sense that the FBI may request records without proving probable cause or individualized suspicion.

In the matter of the Jan. 18 incident at the Newton (Mass.) Free Library, library officials helped law-enforcement officials determine which computers might have been used to generate what turns out to have been a bogus terrorist threat. Then, in accordance with state law and Fourth Amendment guarantees, library officials asked for a warrant before releasing the computers to them. I would have responded the same way at the door to my library -- or my home.

As for allegations concerning the ALA position on dissident Cuban librarians, the policy-setting ALA Council, comprising 182 ALA members with divergent views, has consistently adopted the same position on Cuba as the International Federation of Library Associations and Institutions, a global organization representing libraries world-wide. In fact, the two organizations adopted a resolution expressing concern on behalf of the dissident librarians and urging the Cuban government "to respect, defend and promote the basic human rights defined in Article 19 of the United Nations Universal Declaration of Human Rights."

Finally, neither I nor anyone else at the ALA made any attempt to censor polls or to discourage anyone from circulating their opinions openly.

We believe you mischaracterize our association. Most of the ALA's 66,000-plus members are American citizens -- educated, patriotic and dedicated to the free flow of accurate information, in the U.S. and elsewhere.

Michael Gorman, President
American Library Association, Chicago
(According to the list Cuba-Inside-Out)

American Library Association responds to Wall Street Journal editorial

(CHICAGO) American Library Association (ALA) President Michael Gorman and the ALA Public Information Office have sent the following response to the February 10 Wall Street Journal editorial "Madame Librarian":

Dear Editor:

Your editorial ("Madame Librarian," February 10) grossly misrepresented the American Library Association (ALA) on several issues.

The ALA has never claimed that the USA PATRIOT Act singles out libraries, rather that library records are different from other "business records" targeted by Section 215. In fact, every state has laws or legal opinions recognizing the confidentiality of library records because they are different. We have always maintained that Section 215, which allows government agencies to demand secret access to the records of libraries and bookstores (and medical, educational, and financial records as well), is inimical to basic constitutional rights.

It simply does not make sense that the FBI may request records without proving probable cause or individualized suspicion, or that the target of the search is prohibited from revealing it to anyone in perpetuity, preventing any true oversight of the agency's activities.

The editorial further misleads by failing to tell readers that the FBI has stated there was no imminent danger by the time the warrant was requested by the Newton Free Library director. In fact, library officials assisted law enforcement in determining which computers might have been used; then, in accordance with state law and Fourth Amendment guarantees, asked for a warrant before releasing the computers. The FBI never claimed emergency circumstances, which likely wouldn’t have withstood court scrutiny. I would have responded the same way at the door to my library - or my home.

As for allegations concerning the ALA position on dissident Cuban librarians, the policy-setting ALA Council, comprising 182 ALA members with divergent views, has consistently adopted the same position on Cuba as the International Federation of Library Associations and Institutions. Specifically, both organizations have urged the Cuban government "to respect, defend and promote the basic human rights defined in Article 19 of the United Nations Universal Declaration of Human Rights."

There was no attempt by me or anyone else to censor "instapolls" done by our journal American Libraries and, in fact, the polls are still being run. That a national newspaper would use what amounts to office gossip to create facts to bolster a non-case is contemptible.

Most of the ALA’s 66,000-plus members are American citizens - educated, patriotic, and dedicated to the free flow of accurate information, in the United States and elsewhere. The Journal would serve its readers better by viewing the ALA in this light rather than painting it with the broad brush of stereotyping.

Michael Gorman, President
American Library Association

For Immediate Release, According to the official site of ALA
February 17, 2006
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=News&template=/ContentManagement
/ContentDisplay.cfm&ContentID=116854

De: Karen Lee Wald

Many years ago I wrote an article about Cuba in the Guardian (NY) which ran with the headline, "They tell absolute lies; we must tell the truth". That's as true today as it was then: they have absolutely no qualms about not only spinning, twisting and distorting information, but feeding the public absolute lies that most are, unfortunately, willing to swallow (even many who are supposedly on the Left). Below you will find a Wall Street Journal article and a response from American Library Association President Michael Gorman. Of course, Gorman can't refute everything wrong with the WSJ's fallacious contentions in a letter to the editor, but it's too bad that in being forced into a defensive position (WSJ accusations of hypicrisy for not defending the "rights" of so-called "librarians" in Cuba), he felt he had to limit himself to pointing out that the US and international library associations had once expressed concern for the "dissidents" and urged the Cuban government to show respect for Article 19 of the UN's Universal Declaration of Human Rights.

That article says everyone is entitled to freedom of expression and to obtain and divulge information and ideas through any media. Without going into the implications of that article in an age where the corporate media monopoly is almost absolute in most of the world, it is at least worth pointing out that those who yell loudest for this particular right do not in any way accept as rights the economic, social and cultural rights defined in the declaration. For instance, articles 22-26 assert that human beings have the RIGHT to food, housing, health care, education ("higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.... Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship...") , jobs (with fair pay and equal pay for equal work!) etc...

The WSJ and those it represents have utterly no regard for the truth. One of their allegations is that
"...these libraries [sic] provide books and other information, such as the Universal Declaration of Human Rights, considered criminal by the Communist dictatorship."
If we dissect that statement piece by piece it falls in tatters -- beginning with the charge that Cuba is a "Communist dictatorship". The Universal Declaration of Human Rights is NOT considered "criminal" by the Cuban government. You can read it in a REAL public library in Cuba and find it on many bookshelves. The so-called "libraries" referred to by the WSJ are not even in fact libraries in the commonly-accepted sense of the term (meaning public places supported by public funds to lend books to the public free of charge). They are highly selective, private collections in private homes of people who oppose the Cuban government or see some personal benefit in taking that stance. They are almost entirely provided by US government funds (such as AID) and reach the so-called "librarians" via the US Interests Section in Habana or emissaries from rightwing Cuban-American groups.

To his credit, Gorman finishes his letter pointing out that the Library Association members are dedicated to the "free flow of ACCURATE information" .. an important distinction from those who would twist words and make up facts to suit their agenda.

klw