Desarraigado en su propio país: cómo trabajan
los detenidos
El complejo industrial-penal en los Estados Unidos
por Vittorio Sergi*, Matteo Dean*
Las prisiones son un negocio jugoso, sobre todo en los Estados
Unidos, donde se encuentra mano de obra barata, sin derechos
y -claro está- cautiva. Muchas grandes empresas entre
las que se encuentran Microsoft, Starbucks et Colgate Palmolive
se aprovechan de ese sistema. Más allá de beneficios
sustanciales, el complejo industrial-penal en los Estados
Unidos funciona como un inmenso sistema de represión,
control y explotación.
En 1961, el general y presidente Dwight Eisenhower empleó
por primera vez el término «complejo militar-industrial»
para designar la alianza estratégica entre los círculos
militares estadounidenses y los industriales del armamento
cuyo objetivo era el crecimiento de sus ganancias mediante
la promoción de su mercancía: la guerra.
Durante la Guerra Fría, esta alianza generó
enormes beneficios para el sector privado -especialmente gracias
al apoyo político y económico del Estado -que
recurría cada vez más a la fuerza militar, apoyaba
las guerras de contrainsurgencia y estimulaba la construcción
masiva de armas nucleares. El «complejo industrial-penal»
(PIC en inglés) designa el vasto sistema represivo,
de control y de explotación en que se ha convertido
hoy el sistema carcelario estadounidense.
Durante los últimos 30 años, hubo una explosión
de la población carcelaria -se duplicó desde
1990 [1]. Hoy existen dos millones de detenidos, cifra a la
que se deben añadir los cinco millones de personas
en libertad condicional [2].
Los Estados Unidos, que representan el 5% de la población
mundial, tienen así el 25% de los prisioneros del planeta.
Además, desde la «guerra contra la droga»
llevada a cabo por el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989),
la composición étnica de la población
carcelaria difiere notablemente de la que corresponde a la
sociedad norteamericana.
El 63% de los presos es de las minorías negra y latina,
mientras que estas minorías constituyen solamente el
25% de la población nacional [3]. Aunque esta disparidad
tenga una relación evidente con la distribución
de las riquezas según los orígenes étnicos,
así como con las cifras de la criminalidad, esto no
lo explica todo.
Numerosos expertos consideran que se trata en realidad del
proseguimiento insidioso de las políticas discriminatorias.
La prisión sería el sistema más rentable
para hacer desaparecer a aquellos que la sociedad considera
inaceptables. ¿Por qué?
Pilar Maschi, es ex presa y madre soltera de una niña
de cinco años, ahora activista a tiempo completo del
movimiento abolicionista Critical Resistance. Esta asociación
lucha por la eliminación de todas las prisiones y por
la reconstrucción de comunidades y relaciones solidarias.
A continuación la explicación que brinda: «Desde
la década del 70, el Estado llevó a cabo una
feroz represión ante al levantamiento de los movimientos
de la gente de color, grupos radicales, movimientos feministas
y, en general, de rechazo a la guerra de Vietnam. Al mismo
tiempo se emprendieron cambios profundos en la estructura
productiva.
Los jefes empresariales, con el apoyo del gobierno, abandonaron
a millones de personas cuyo trabajo ya no era necesario. Convertidas
en inútiles, estas personas fueron etiquetadas como
peligrosas para la sociedad.
Fueron clasificadas como desempleadas o criminales por parte
del PIC que simplemente encontró la forma de generar
un beneficio económico a partir de estos excluidos.
En 1970, la cifra de prisioneros en los Estados Unidos era
de 200,000, mientras que hoy supera los dos millones.»
Ik Aikur, originario de Nigeria, igualmente activista de
Critical Resistance en New Haven (Connecticut), destaca el
alto grado de exclusión en las comunidades de color
que no tienen otra alternativa a no ser el servicio militar,
los trabajos mal remunerados y precarios o la de emprender
una actividad ilegal que tarde o temprano lleva a la prisión
y por ende a una mayor exclusión.
Imagínense en particular que una sola condena por
infracciones vinculadas a la droga o a la violencia provoca
la imposibilidad legal de obtener un empleo. Las mujeres sufren
el PIC doblemente: como presas, o como compañeras o
familiares allegadas a los presos masculinos que por falta
de posibilidades de reinserción regresan a sus comunidades
y reproducen los esquemas de violencia y adicción.
El encarcelamiento masivo tiene efectos terribles entre los
grupos sociales ya marginados, con fuertes índices
de consumo de drogas y desempleo, especialmente entre los
afronorteamericanos, los latinos y los indígenas víctimas
del PIC. Critical Resistance estima que de cada tres jóvenes
afronorteamericanos uno se encuentra en prisión o ha
estado preso. En las comunidades más pobres estas cifras
son aún más elevadas...
Los negocios son los negocios
El boom de la privatización de los servicios de seguridad
comenzó en los años 90. Los centros de detención
para inmigrantes indocumentados del Servicio de Inmigración
y Naturalización (SIN) -que poseen centros especiales
para inmigrantes, pero que utilizan igualmente prisiones convencionales-
están también integrados en el sistema. Durante
el año fiscal 2000, el presupuesto del SIN era de 4
270 millones de dólares, con un aumento del 8% en relación
con el año anterior [4].
Desde el 11 de septiembre, que tuvo como consecuencia el
encarcelamiento por plazo indeterminado de miles de ciudadanos
de origen árabe, la inversión en este sector
aumenta continuamente [5]. Las empresas privadas que se encargan
de la gestión, de la seguridad y de la deportación
de extranjeros se benefician igualmente desde los años
90 con el aumento del financiamiento para encarcelar a los
indocumentados.
La primera experiencia de prisiones privadas tuvo lugar en
los años 80, durante la administración Reagan,
con la construcción de algunas prisiones de seguridad
mínima en Houston y en Laredo, Texas.
Con las habilidades «técnicas» de ex directores
de prisiones y el dinero de las empresas -especialmente de
Kentucky Fried Chicken- se fundó la Corrections Corporation
of America (CcA), actualmente la mayor empresa privada del
sector, con contratos en los Estados Unidos, Puerto Rico,
Inglaterra y Australia. El ex agente del FBI George Wackenhut
fundó la Wackenhut Corrections, otra importante empresa
especializada en prisiones privadas.
No es difícil observar lo que sucedió durante
los últimos veinte años: en la última
fase de la Guerra Fría, la industria guerrerista, la
tecnología y el conocimiento en seguridad se convirtieron
en jugosos negocios. El «complejo industrial-penal»
tiene diferentes facetas, pero la más rentable entre
ellas, tanto para las grandes empresas que lo administran
como para aquellas que tratan de reducir sus costos de producción,
es la abundancia de mano de obra barata en las prisiones.
Un ejemplo escandaloso es el de la empresa LTI Inc. que,
de acuerdo con la Wackenhut Corrections, trasfirió
sus instalaciones al interior de las estructuras carcelarias
para aprovechar la mano de obra. ¿Dónde si no
encontrar trabajadores que reciban el salario mínimo
y no puedan sindicalizarse?
No se trata de un caso aislado. En California, el sistema
es floreciente gracias a los bajos costos de la mano de obra
(22 centavos de dólar la hora [6] y beneficia a diversas
empresas: Microsoft, Colgate Palmolive, Starbucks... [7].
Si no quieren perder sus «ventajas» (la libertad
condicional o el beneficio por buena conducta), los trabajadores
no tienen otra opción que el trabajo.
Estos esclavos modernos -obligados a trabajar y privados
de todo derecho- son de gran utilidad para las empresas que
los utilizan. Los beneficios obtenidos por el trabajo de los
prisioneros en 1980 fueron de 392 millones de dólares.
Alcanzaron 3,310 millones en 1994 gracias al aumento del número
de prisioneros.
Las principales empresas del sector se nombran Wackenhut
Corporation, CCD y Correctional Services Corporation. Ya han
exportado el modelo a otros países anglófonos
y piensan extender sus mercados durante los próximos
años a otros países industrializados.
Los efectos perversos de esta estrategia son evidentes: la
demanda de mano de obra barata y de inversiones produce una
fuerte presión sobre el sistema policiaco y judicial
en el sentido de un aumento del número de prisioneros.
El negocio del PIC representa también con frecuencia
la única oportunidad de atraer ingresos y crear puestos
de trabajo en las comunidades rurales empobrecidas.
Ruth y Craig Wilmore son responsables del California Prison
Moratorium Project, un movimiento cuyo objetivo es impedir
la construcción de nuevas prisiones y militan por el
cierre de las ya existentes.
Ruth acaba de escribir un libro sobre estas luchas en California
cuyo título es más que elocuente: Golden Goulag.
California, quinta economía del mundo, posee también
las estadísticas más escalofriantes: durante
las últimas dos décadas, allí se construyeron
23 prisiones con capacidad de entre 4,000 y 6,000 prisioneros.
El ejemplo de Corcoran (condado de Kings) es elocuente. Este
pequeño centro agrícola posee dos prisiones
y un total de 11,000 prisioneros. La población de 9,000
habitantes es estable desde 1980 -fecha en que se construyó
el primer establecimiento. En esa época, mil habitantes
vivían por debajo del límite de pobreza. Diez
años más tarde, tras una inversión del
Estado en las prisiones de mil millones de dólares,
el número de pobres pasó a 2,000 [8].
Represión, exclusión y consenso
Ante tal panorama, el grado de aceptación general
del PIC no deja de sorprender. Las organizaciones que protestan
contra un sistema que hace de los Estados Unidos el primer
país por su número de prisioneros no son muchas.
Paul Wright, preso en el Estado de Washington y editor de
la revista Prison Légal News, analiza este fenómeno
de aceptación generalizada.
En una de sus intervenciones [9], ilustra el modelo cultural
que sostiene la idea del PIC como un sistema de justicia que
busca el castigo y la defensa de la parte «sana»
de una sociedad en plena descomposición.
Basta observar la producción cultural oficial para
comprender cómo la construcción de un imaginario
colectivo forma parte del PIC. Desde las grandes producciones
de Hollywood hasta la creación publicitaria de todo
tipo de productos, las referencias al mundo de las prisiones
propagan la idea de un mundo duro y difícil, pero justo
e indispensable.
Este proceso conduce a una moralización del sistema
carcelario que apoya que el hecho de poner a la gente en la
cárcel es no sólo justo, sino indispensable
para que la sociedad permanezca sana y pueda salvar sus propios
valores.
La extensión y el crecimiento durante los últimos
años de la cantidad y la diversidad de las formas de
detención en los Estados Unidos no tiene paralelo en
el mundo.
Y, desde la superprisión de Pelican Bay (California)
hasta Guantánamo (Cuba), Abu Ghraib (Irak) y Woomera
Camp (Australia) asistimos a la globalización de este
modelo y de esta práctica: encerrar a la población
que molesta o simplemente a los casos difíciles para
los proyectos neoliberales. Conviene preguntarse si frente
a este panorama es posible considerar una globalización
de las alternativas al encarcelamiento, así como un
concepto de seguridad y justicia no punitiva -y que no conduzca
a la exclusión.
*Vittorio Sergi, Periodista italiano.
*Matteo Dean, Periodista italiano.
[1] «Overview of Critical Resistance on the Prison
Industrial Complex», en Critical Resistance to the
Prison Industrial Complex, edición especial de Social
Justice, 2000, San Francisco.
[2] Informe del Instituto del Tercer Mundo - Guía
del Mundo, Montevideo, Uruguay, 11/4/2003.
[3] Informe del Instituto del Tercer Mundo - Guía
del Mundo, Uruguay, 2003.
[4] Michael Welch. «The role of the Immigration and
Naturalisation Service in the Prison Industrial Complex»,
en Social Justice, Vol. 27, No.3, 2000.
[5] Cada día, cerca de 20 000 personas -hombres,
mujeres y niños- se enfrentan a un encarcelamiento
ilimitado (las penas pueden variar entre algunos meses y
años en prisiones tanto estatales como privadas,
y en condiciones tales que los derechos humanos más
elementales no son respetados). Rachel Meerpol. «The
post 9/11 investigation and Immigration detention»,
in America’s Disappeared, Seven Stories Press, New
York, 2005.
[6] «The Prison Industrial Complex and the Global
Economy», de Eve Goldberg y Linda Evans, en www.prisionactivist.org.
[7] En la mayor parte de los casos, estas grandes empresas
utilizan subcontratistas para efectuar estos trabajos. Prisioneros
del Twin Rivers Correctional Center de Washington han explicado
que han empaquetado los sistemas operativos Windows 95 de
Microsoft. El fabricante de jeans Lee hace coser sus tee-shirts
en el Richard J. Donovan State Correctional. Para mayores
informaciones consultar www.corpwatch.org.
[8] «The other California», en Globalize Liberation,
City Lights Books, San Francisco, 2004.
[9] «Critical Resistance to the Prison Industrial
Complex», San Francisco, 2002.
http://www.voltairenet.org/article125553.html |