EEUU, vigía mundial de los Derechos Humanos
Por Roberto Montoy

Como todos los años para estas fechas, desde 1977, el Departamento de Estado ha dado a conocer su exhaustivo informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, el Country Reports on Human Rights Practices-2005. En el primer párrafo de su prefacio, Condoleezza Rice reproduce una frase del presidente Bush: “El avance de la libertad es la gran historia de nuestro tiempo”. ”Estados Unidos y otras naciones libres –añade por su parte la secretaria de Estado- tienen el deber de defender los Derechos Humanos y ayudar a expandir los beneficios de la democracia. (...) Debemos hacer un llamamiento a aquellos países que incumplen sus compromisos internacionales sobre Derechos Humanos”.(sic)

En la explicación de cómo y por qué se ha realizado el documento se especifica incluso que cubre aquellos casos de “torturas u otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes o castigos, así cómo detenciones prolongadas detenciones sin cargos, desapariciones o detención clandestina de detenidos y otras flagrantes violaciones al derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas”. (sic)

Como se ve, la Administración Bush es escrupulosa, realmente estricta en la vigilancia del cumplimiento de los Derechos Humanos, una vez más. Si en 1977 pasaban por la lupa derechohumanista del Departamento de Estado sólo los 82 países que en ese momento recibían algún tipo de ayuda por parte de EEUU, en el informe 2005 son 196 los países inspeccionados. En su introducción se aclara que todas las embajadas de EEUU en el mundo colaboran en la elaboración de tan exhaustivo informe, que muestra un prolijo seguimiento de la legislación de cada país en materia de DDHH, de su respeto a las leyes internacionales, dejando constancia desde la superpoblación de una cárcel o la violación de los derechos de un preso común, hasta casos de violencia de género, discriminaciones a los inmigrantes, maltrato a un preso político o un terrorista y un sinfín de otros aspectos.

Sin duda, si este informe de los Derechos Humanos del Departamento de Estado hipotéticamente pudiera ser leído por un extraterrestre, este concluiría que el autor del mismo no puede ser más que una poderosa organización humanitaria de ámbito internacional o un Estado Superprotector, Justo y Equitativo, que vela en la Tierra desinteresadamente por el bien de todos. El extraterreste se pronunciaría por esta segunda opción si le hicieran conocer el antecedente de que el presidente de ese país, desde 2001, es nada menos que un moderno cruzado que declaró una guerra del Bien contra el Mal, a nivel planetario y por tiempo indefinido. Así también encontraría rápidamente la respuesta ese extraterrestre a su pregunta de por qué en ese puntilloso examen sobre la situación en 196 países del planeta Tierra, falta precisamente el autoexamen de quien lo hace, de Estados Unidos.

El extraterrestre caería rápidamente en cuenta que ese tal país llamado Estados Unidos no requiere ser sometido a ninguna investigación derechohumanista ni por su actuación en relación con su propia población ni, por supuesto, con el resto del mundo. Para eso es el país Salvador de la Tierra por obra Divina -cavilaría el extraterrestre-, por ello encarna al Bien, lucha contra el Eje del Mal, y está libre de todo pecado.

LA UNICA MENCION A EEUU EN EL INFORME

El extraterrestre encontraría normal que sólo en la introducción al voluminoso informe -que dedica varias páginas a cada uno de los países estudiados- figure una mención a EEUU, que es literalmente la siguiente: “La propia travesía de Estados Unidos hacia la libertad y la justicia para todos ha sido larga y difícil, y todavía está lejos de haber terminado. Sin embargo en el transcurso del tiempo nuestras ramas independientes de gobierno, nuestra prensa libre, nuestra apertura hacia el mundo y, lo que es más importante, el valor cívico de patriotas estadounidenses impacientes, nos ayudan a mantener la fe en nuestros principios fundamentales y nuestras obligaciones internacionales sobre derechos humanos”.

ENEMIGOS Y ALIADOS BAJO LA LUPA

En el Country Reports on Human Rights Practices-2005, el Departamento de Estado pone la lupa sobre cualquier zona del globo terráqueo, hurgando como fiscal planetario hasta qué punto cada país respeta los Derechos Humanos, y dejando en evidencia denuncias de violaciones a esos derechos. Por supuesto que en primerísimo lugar aparecen los países malísimos, como Irán, Corea del Norte, Birmania, Zimbabwe, China y, cómo no, “el estado totalitario” de Cuba, cuyo régimen, dice, “controla “todos los aspectos de la vida a través del Partido Comunista y sus organizaciones afiliadas”. “Raúl Castro es el principal instrumento de la población”, añade. Menciona, además de “golpes y abusos a los detenidos y prisioneros, incluyendo activistas de derechos humanos, llevados a cabo con impunidad”; “denegación de juicios justos, particularmente con los prisioneros políticas”. La Administración Bush, que defiende su derecho a seguir con su programa masivo de escuchas telefónicas, no tiene ningún problema sin embargo a denunciar la “interferencia de la privacidad, incluyendo monitorización de las comunicaciones privadas” que supuestamente lleva a cabo el Gobierno cubano. El país por excelencia que menosprecia y posterga a su población negra [véase el último ejemplo lo que pasó con las víctimas de el Katrina], no tiene tampoco tapujos para acusar a La Habana de “discriminación contra personas de descendencia africana”.

El Gobierno de Hugo Chávez no se salva, faltaría más, de las críticas del Departamento de Estado [el próximo año sin duda Evo Morales también estará en su picota], y es así que, a pesar de reconocer que “es una democracia constitucional”, acusa al Gobierno de Venezuela de “utilizar al sistema judicial selectivamente contra la oposición política e implementar la ley de medios de comunicación de 2005 que limita la libertad de expresión”. Venezuela es acusada de “asesinatos ilegales de sospechosos de ser criminales”, de “abusos y torturas a detenidos”, de “arbitrarios arrestos y detenciones”, “corrupción, ineficiencia y alta politización del sistema judicial” y un largo etcétera.

Pero el informe depara sorpresas. En una muestra más de la gran objetividad del informe, el Departamento de Estado llega a incluir observaciones incluso sobre sus propios grandes aliados. Es el caso de Israel, su pieza clave en Oriente Medio -ese país al que José María Aznar quiere ahora integrar en la OTAN-, del que dice que “el Gobierno generalmente respeta los Derechos Humanos de sus ciudadanos; sin embargo hay problemas en algunas áreas”. Dentro de esas áreas menciona: “serios abusos por algunos miembros de las fuerzas de seguridad contra detenidos palestinos”, “aplicación impropia de los procedimientos de internamiento”, “discriminación contra los ciudadanos árabes”, “corrupción gubernamental”, “violencia social y discriminación contra la mujer”.

Egipto, otro aliado importante para EEUU en la región, y al que desde los 90 transfiere en vuelos de la CIA prisioneros para ser torturados por sus temibles servicios secretos, no se salva sin embargo de las amonestaciones. Estas son, paradójicamente, mucho más graves que las de la mayoría de países que, según el emperador integran el Eje del Mal. En el caso de Egipto, por ejemplo se cita los siguientes “problemas” relacionados con los Derechos Humanos: “limitaciones en el derecho de los ciudadanos para cambiar su Gobierno”; “existencia de estado de emergencia de forma continua desde 1967”; “tortura y abusos de prisioneros y detenidos, incluyendo muertes en custodia”; “pobres condiciones en las prisiones y centros de detención”; “impunidad”; “arrestos y detenciones arbitrarias, a veces masivas, incluyendo prolongadas detenciones antes de ser sometidos a los tribunales”; “influencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial”; “denegación de tribunales públicos justos y ausencia del debido proceso”; “prisioneros políticos”; “restricciones a las libertades civiles –libertad de expresión, prensa, reunión y asociación, algunas restricciones a la libertad religiosa”; “corrupción y falta de transparencia”.

No sólo Israel y Egipto, Arabia Saudí, Pakistán, sino también aliados occidentales de peso como el Reino Unido, que especialmente desde el inicio de la cruzada de Bush junior contra el terrorismo internacional viene jugando un papel decisivo para EEUU, caen bajo el ojo de los investigadores del Departamento de Estado. En la amplia ficha que le abren a este país en el informe, se cita entre otros, como “problemas de Derechos Humanos reportados”, los “ocasionales abusos de detenidos y otras personas por miembros individuales de la policía y el ejército”, las “condiciones de superpoblación en prisioneros y algunas inadecuadas infraestructuras carcelarias”, “violencia y discriminación contra minorías religiosas y étnicas, mujeres y niños”.

En esa ficha del Reino Unido, no sólo se recuerda el Bloody Sunday en el Ulster de 1972 y otras “controvertidas muertes que tuvieron lugar en Irlanda del Norte en los 80 y 90” o que “el ombudsman para Irlanda del Norte de la policía recibió 2.885 denuncias que incluían 4.206 alegaciones de malas conductas policiales”y que hubiera una investigación en curso sobre polémica muerte en manos de la policía británica del ciudadano brasileño Charles de Menezes el pasado 22 de julio. No, el informe asombra aún más cuando menciona incluso que “a fines de año [2005] dos cortes marciales paralelas juzgaron a 11 soldados en relación a las muertes de dos detenidos iraquíes en 2003” y explica cómo se procedió en cada caso. Un poco más adelante el informe menciona también, ascépticamente, que “el 8 de diciembre el Comité Judicial de la Cámara de los Lores revocó la decisión de una corte de apelación y estableció que incluso en los casos de terrorismo ninguna corte puede considerar evidencias obtenidas a través de la tortura”.

Con la misma imparcialidad y exquisita objetividad, ¿o tal vez esquizofrenia política?, el Departamento de Estado se adentra en otro tema altamente delicado. En la ficha de Suecia, tras mencionar como violaciones a los Derechos Humanos “incidentes anti islámicos y antisemitas”, “violencia contra mujeres y niños”, “tráfico de mujeres y niños” y “discriminación contra residentes de origen extranjeros y homosexuales”, y algunos casos “aislados” de utilización de la tortura con detenidos, menciona nada menos la denuncia hecha por el Comité contra la Tortura de la ONU (UNCPT en sus siglas en inglés) de “la repatriación forzada de dos ciudadanos egipcios en 2001”. Así explica que “en septiembre [de 2005] un comité parlamentario de control del Gobierno criticó por su actuación en el caso de repatriación de los egipcios”. Y el informe del Departamento de Estado llega a añadir: “El comité de investigación determinó que el Gobierno no debía aceptar las garantías de parte del Gobierno de Egipto de que no serían torturados”.

Este caso se refiere nada más y nada menos que al secuestro de los refugiados egipcios Ahmed Agiza y Mohammed al-Zari, que habían pedido asilo en Suecia, y que fueron secuestrados por agentes del servicio secreto sueco, el SÄPO, en dos ciudades distintas, en colaboración con agentes de la CIA y trasladados en uno de sus ya famosos aviones civiles camuflados -un Gulfstream V matrícula N379P- a Egipto, donde fueron brutalmente torturados.

Este es sin duda uno de los casos más insólitos de los registrados en el informe de Derechos Humanos 2005 del Departamento de Estado. Al relatar este caso, no se hace la más mínima alusión a que ese caso es precisamente uno de los primeros registrados tras el 11-S –fue el 18 de noviembre de 2001- como parte de esa gigantesca operación encubierta de la CIA de secuestros y entregas [extraordinary renditions en su jerga] de prisioneros a terceros países para ser torturados con total impunidad, lejos de cualquier tribunal o molesto observador de la Cruz Roja Internacional.

EL ‘EXHAUSTIVO’ AUTOEXAMEN DE EEUU

A pesar de que 196 países del globo tienen una pormenorizada ficha sobre su respeto a los Derechos Humanos, Estados Unidos no tiene la propia. La única mención que se hace a éste país en las cientos de páginas del informe del Departamento de Estado aparece en su Introducción…y se resuelve en un párrafo. Es el siguiente: “El propio camino de Estados Unidos hacia la libertad y la justicia para todos ha sido largo y difícil, y está todavía lejos de ser completo. Gracias a nuestras ramas independiente de gobierno, nuestra libertad de prensa, nuestra apertura al mundo, y, lo más importante, el coraje cívico de impacientes patriotas americanos, nos ayudan a mantener la fe en nuestro ideales fundacionales y nuestras obligaciones internacionales con los derechos humanos”.

Pues sí, esa es la lectura que hace EEUU sobre sí mismos, lo que sin duda llenará de satisfacción y emoción al extraterrestre citado antes.

Para los terráqueos sin embargo, para hacer aún más riguroso su informe, el Departamento de Estado tendría que haber empezado por elaborar una gran ficha de EEUU, una gigantesca ficha. Al menos tendría que haber desarrollado estos problemas suyos con los Derechos Humanos, aunque sea limitándose sólo a la Administración Bush:

La aplicación de la Patriot Act, el paquete de medidas antiterroristas impuesto -con complicidad del Partido Demócrata- a la población de EEUU tras el 11-S, viene vulnerando desde esa fecha, importantes conquistas de los derechos civiles de la que tanto se enorgullecían sus ciudadanos, retrotrayendo su situación a los peores momentos de la era de McCarthy. La intromisión de los servicios de Inteligencia autorizados por la Patriot Act -inicialmente prevista como una medida temporal, pero que gradualmente va incorporando sus cláusulas a la legislación de EEUU- llega al punto de poder grabar conversaciones telefónicas de los ciudadanos sin autorización de un juez, así como controlar su correo postal y electrónico, acceder a sus fichas médicas y bancarias y un largo etcétera. En definitiva, el Big Brother imaginado literariamente por Orwell convertido en realidad.

Cerca de 1.000 inmigrantes extranjeros –la mayoría de ellos de origen árabe- que vivían en EEUU en el momento del 11-S fueron detenidos arbitrariamente y mantenidos durante meses, algunos de ellos años, en centros que los mantenían como desaparecidos, sin reconocerles ningún derecho. El propio Tribunal Supremo autorizó a que no se los identificara públicamente, ni se suministrara información a sus familiares, ni se les permitiera tener abogados. Buena parte de estos prisioneros fueron posteriormente repatriados a sus países de origen, a pesar de que muchos de ellos corrían el riesgo de ser torturados allí, con lo que se violó normas estrictas del Derecho Internacional que lo prohíben expresamente.

La Administración Bush mintió deliberadamente, falsificó pruebas y manipuló informes de Inteligencia, para acusar al régimen de Sadam Husein de posesión de armas de destrucción masiva, argumento con el cual justificó la guerra contra Irak.

La Administración Bush, con cómplices como el Gobierno del Reino Unido, violó la Carta de la ONU y las más elementales reglas del Derecho Internacional, al decidir unilateralmente lanzar la guerra contra Irak el 20 de marzo de 2003, a pesar de no contar con el respaldo del Consejo de Seguridad.

La Administración Bush es responsable de la muerte de miles y miles de ciudadanos inocentes en Irak y de la principal infraestructura con la que contaba este país como consecuencia de los bombardeos masivos y los incontables daños colaterales provocados por sus supuestas bombas inteligentes.

La Administración Bush es responsable directa de la sistemática violación de los Derechos Humanos de la población civil y de los prisioneros tanto en Irak como Afganistán, de lo cual los casos Abu Ghraib y Bagram son sólo las caras visibles de un gran iceberg.

La Administración Bush es responsable del traslado ilegal de prisioneros capturados en Afganistán a un centro de detención propio instalado en su ilegal base naval de Guantánamo, así como el de haber decidido unilateralmente que estos eran combatientes enemigos y no detenidos con derecho a ser reconocidos como prisioneros de guerra, tal como establecen las Convenciones de Ginebra desde 1950. Esta situación ilegal, violatoria de las más elementales reglas de la guerra y del Derecho Internacional, le ha permitido a los mandos estadounidenses mantener en un verdadero limbo legal a más de 600 prisioneros en Guantánamo desde enero de 2002.

La Administración Bush es responsable de haber montado, paralelamente a la intervención de sus fuerzas armadas en Afganistán e Irak, un programa -confiado a la CIA y con una infraestructura propia de aviones civiles camuflados y centros de detención- de secuestros clandestinos en cualquier parte del mundo, de personas sospechosas de estar relacionadas con Al Qaeda. Estas son trasladadas, en la mayoría de los casos, a países aliados [algunos de ellos europeos incluso] donde son torturadas por los servicios de Inteligencia locales y agentes de la CIA, con total impunidad.

Estos son sólo los enunciados de algunos, no todos, de los fallos de EEUU en relación con los Derechos Humanos que deberían haber estado incluidos en el laborioso Country Reports on Human Rights Practices-2005 dado a conocer el 8 de marzo de 2006 por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

De haberlo hecho, hipotéticamente, se hubiera podido tal vez entrar a discutir, rebatir o matizar el contenido de tal o cual ficha de los restantes 196 países del globo.

Pero, mientras no se produzca ese reconocimiento, el arduo y costoso trabajo de ese informe, como el de todos los años anteriores, seguirá siendo sólo una de las expresiones máximas del cinismo e inmoralidad del Gobierno de EEUU.

Sin embargo, como decíamos más arriba, EEUU sólo puede venderle su película de la Historia y de la actualidad a un extrarrestre. En realidad, y lamentablemente, hay que reconocer que en la Tierra también tiene a unos cuantos dispuestos a comprarle una copia de su película, aunque sepan que es pirata.

* Roberto Montoya nació en Buenos Aires, donde estudió Periodismo y trabajó en distintos medios escritos. Encarcelado y torturado en varias ocasiones durante la dictadura de Onganía-Livingston-Lanusse (1966-1973) y bajo el gobierno democrático de Isabelita Martínez de Perón /1974-1976) y el imperio del terror de su paramilitar Triple A, inició su exilio político europeo en París, en 1976. Actualmente es uno de los jefes de la sección Internacional de El Mundo, de España, diario en el que trabaja desde 1992 y del que fue también su corresponsal en Roma y París. Ha sido jefe de Internacional de El Independiente, de 1989 a 1991; corresponsal en Londres de la cadena de TV de Estados Unidos SIN-Univisión de 1984 a 1987; trabajó para los periódicos Liberación (España), Página 12 (Argentina) y El Excelsior (México). Fue colaborador de Radio Nacional y Radio Exterior de España; de la BBC Radio, Servicio para América Latina; de Antena 3 Radio, y otras múltiples publicaciones.
Es coautor, junto a Alejandro Tarruella y bajo el seudónimo de Pablo Kúlacs, del libro Los Terratenientes (Buenos Aires, 1970); y junto a Daniel Pereyra, de El caso Pinochet y la impunidad en América Latina (2002). Ha publicado también El imperio global (2000) y La impunidad imperial (2005)

(Tomado de www.cubadebate.cu 15.3.2006)

http://www.periodico26.cu/opinion/eeuu170306.htm