Los indígenas llegan al poder para quedarse
Por Fernando Rodríguez Ureña

El 6 de agosto de 1825, la República Bolívar surge a la vida política moderna con el nombre de Bolivia. El 18 de diciembre de 2005 se produce un nuevo hito histórico en la historia del país: el ascenso a la Presidencia de Evo Morales, un indígena aymara.

Los claustros de la Universidad Real y Pontificia de San Francisco Xavier y las estrechas callejuelas coloniales del barrio de Caja de Agua de La Paz fueron los intersticios por donde se filtraron a principios del siglo XVIII las ideas liberales europeas que devinieron en la primera rebelión sudamericana contra la corona española, la misma que duró 19 años de guerra de guerrillas en contra de las autoridades y ejércitos virreynales hasta la definitiva victoria en las pampas de Ayacucho.

La convocatoria a la Asamblea Constituyente mediante una argucia legal, impidió la participación de los auténticos líderes independentistas que sobrevivieran a los casi cuatro lustros de violencia. Indios y mestizos, artesanos y labradores fueron escamoteados de sus escaños por licenciados y doctores que meses antes vivaban al Rey y daban mueras a la República. El argumento fue que los constituyentes debían poseer una renta anual de 25 pesos de plata además de saber leer y escribir.

Por esa vía, Bolivia nació con una forma estatal moderna, pero sobre los cimientos ideológicos conservadores: la vieja casta había cambiado de discursos pero no de prácticas económicas y políticas.

En ese contexto, el proceso de construcción de la nación boliviana quedó trunco. Las regiones, caracterizadas por ser enclaves económicos del espacio colonial, articularon, durante 19 años de luchas, las Republiquetas Altoperuanas, que a la conclusión de la guerra por la independencia se sumaron espacialmente, mas no unificaron una visión única que permitiera su desarrollo armónico. Centralismo y presidencialismo fueron herencias coloniales no resueltas hasta el presente.

Es condición para la construcción de la república la ciudadanización de quienes habitan en su territorio. No fue el caso boliviano: indios e indias no cambiaron con la República su posición en la estructura social y política. Es más, hasta los años 40 del siglo XX no era permitido su ingreso a la Plaza principal de la sede de gobierno. La vieja oligarquía minero terrateniente los despreciaba como seres degradados y dados a los vicios, siendo su único destino servir hasta morir en sus minas y haciendas o sufriendo en la oscuridad los excesos de sus más bajas pasiones.
De la revolución al neoliberalismo

El año 1952 se produjo un proceso insurreccional que devino en revolución: esperanzados los indígenas bolivianos participaron en un proceso marcado por la nacionalización de las minas de estaño, la reforma agraria y el reconocimiento de los derechos políticos de todos: las mujeres y los indígenas los alcanzaron. Esto se acompañó de una reforma educativa destinada a homogenizar a todos los bolivianos con el proyecto de construir una nación mestiza. Formar una burguesía nacional con un proyecto económico, político y cultural era el deseo de los ideólogos del nacionalismo revolucionario y su partido: el MNR.

El indio, que como definición implicaba un sentido cultural y político autónomo, fue transformado en campesino, categoría económica que lo situaba frente al mercado en condiciones de igualdad y competencia. Sin embargo, la Reforma Agraria, sólo había alcanzado a las tierras altas. En las llanuras bolivianas, se mantuvo la terratenencia como una forma natural de ocupación de la tierra aunque ésta se sobrepusiera a territorios de indígenas originarios, que si no eran sometidos, eran expulsados o simplemente eliminados.

Treinta y tres años después, ese proyecto nacional era clausurado. La deseada constitución de una burguesía nacional se materializó en el fortalecimiento de oligarquías regionales, financiero dependientes y ligadas a producción en enclaves, las mismas que jugaban el rol de administradores y socios menores de los capitales transnacionales.

El mal llamado neoliberalismo, que en realidad no es otra cosa que un neoconservadurismo individualista extremo, afectó profundamente al conjunto de la sociedad boliviana.

Las empresas nacionalizadas fueron entregadas a la vorágine del capital transnacional, especialmente las ligadas a los hidrocarburos, transportes y comunicaciones; bajo el discurso de la descentralización, se avanzó hacia la privatización de la salud, la educación y la vivienda; se produjo la desregulación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras; se privatizó la seguridad social; se pretendió hacer más eficiente y efectivo el mercado de tierras despojando de sus territorios a las comunidades indígenas originarias.

En un país con una tradición de Estado sólido desde tiempos precoloniales, se redujo el Estado a su mínima expresión. Se marginó a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que no alcanzaron la categoría de consumidores, produciéndose como nunca en la historia una insalvable brecha en la distribución del ingreso: en un país de poco menos nueve millones de habitantes, 200 familias son dueñas del 90 por ciento de tierras productivas y más de cuatro millones de personas viven con menos de un dólar diario. El 86 por ciento se encuentra en situación de pobreza y el 95 por ciento de estos pobres, en condición de pobreza extrema; y el 90 por ciento de los pobres en condición de pobreza extrema son indígenas rurales. Estamos hablando de un país con un 64 por ciento de personas que se reconocieron como indígenas en el Censo Nacional de Población del año 2000.

Lucha por los recursos naturales

El sistema político desarrolló un modelo de articulaciones y exclusiones que permitió una gobernabilidad pactada entre partidos neoliberales y populistas que dejaban al margen a las posiciones contestatarias.

Sin embargo, los pobres de las ciudades y el campo, continuaban sus luchas sociales y políticas. Desilusionados con los partidos políticos que un día dijeron representarlos, se articularon en movimientos sociales que defendían desde las calles no sólo sus reivindicaciones sectoriales, sino también los intereses nacionales.

Desde 2000, se produjeron importantes y escalonados sucesos que terminaron transformando la vida política nacional. Cinco presidentes acogió el Palacio Quemado en ese lustro, habiendo sido cambiados sucesivamente y sin interrumpir el proceso democrático: por muerte natural, Hugo Banzer; por transición para conclusión de mandato, Quiroga Ramírez, vicepresidente de Banzer; por elección democrática, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien logró un 27 por ciento de apoyo en los comicios del 2002; por transición constitucional ante renuncia del presidente electo, Carlos Mesa Gisbert, vicepresidente de Sánchez de Lozada. Finalmente, el último, por acortamiento del periodo presidencial y renuncia de Mesa, fue Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En este mismo periodo de tiempo, la Coordinadora del Agua, constituida después de la denominada Guerra del Agua, expulsó a la transnacional Bechtel que pretendía controlar todas las fuentes del valle de Cochabamba. El movimiento de los indígenas de tierras bajas realizó una marcha pacífica con la que cruzaron el territorio nacional exigiendo una Asamblea Constituyente que les permitiera ejercer sus derechos ciudadanos, especialmente aquellos ligados a la tierra y el territorio.

Los indígenas de las tierras altas trajeron a la memoria de los habitantes urbanos el pánico de los cercos realizados por los katari y los amaru durante el periodo colonial, exigiendo que el desarrollo económico y sus derechos políticos se respetaran. Lograron incorporar en las elecciones del 2002, 40 diputados indígenas al parlamento.
La insurrección

Una insurrección puso en evidencia la fragilidad del Estado, produciéndose un enfrentamiento armado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con un saldo de más de 60 muertos y centenas de heridos. Esta situación surgió ante el rechazo a las medidas económicas que pretendía imponer el Fondo Monetario Internacional.

La denominada Guerra del Gas, impidió que se pignorara el gas boliviano, entregándolo a una transnacional con sólo el 18 por ciento de beneficios para el país. Este hecho, además, trajo consigo la renuncia del presidente electo, Gonzalo Sánchez de Lozada, quién con medidas de fuerza pretendió imponer orden y en cuatro días de movilización popular produjo 543 muertos y heridos, número de víctimas superior a las producidas durante todos los gobiernos autoritarios del decenio 71-81 del siglo XX.

Nuevas movilizaciones masivas produjeron el acortamiento del mandato de Carlos Mesa, quien no pudo armonizar su lucidez discursiva con la valentía política que implica tomar decisiones estando en función de gobierno, culminando con un gobierno de transición, encargado al presidente de Corte Suprema de Justicia, quien convocó a elecciones generales en diciembre del 2005.
Los desafíos de Evo

Este contexto explica el porqué de la elección como presidente constitucional de la República de Evo Morales Ayma, indígena aymara, dirigente sindical de los productores de la hoja de coca, sin estudios superiores, pero constituido en icono del movimiento indígena, los movimientos rural/urbanos contestatarios y de una clase media en proceso de empobrecimiento acelerado.

Morales es un caudillo que se ha caracterizado durante años por su posición anti-norteamericana en la lucha contra las drogas. Expresa junto al MAS (Movimiento Al Socialismo), una nueva forma de hacer política, combinando de manera sui géneris la lógica de la asamblea sindical, el núcleo de cuadros del instrumento político y la acción política de las masas movilizadas. Impulsa un movimiento político de democracia radical.

Entre los aciertos que lo caracterizan están su sagacidad política, audacia en coyunturas complicadas y, sobre todo, el no conocer que hubiese realizado un sólo acto de corrupción, situación que fue investigada con desesperado interés por la embajada norteamericana. Su talón de Aquiles lo puede constituir el populismo amorfo que puede sufrir estando en función de gobierno. Su vicepresidente, Álvaro García Linera, ex militante del denominado Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), ahora intelectual de reconocido prestigio nacional e internacional, podría ser el muro de contención de aquellas fuerzas civiles y militares interesadas por agitar movimientos políticos que, con discursos ultra revolucionarios o con posiciones reaccionarias, pretendan hacer inviable su gobierno.

Algunos de los desafíos programáticos que el MAS se ha planteado son: nacionalizar los recursos minerales e hidrocarburíferos extraídos hacia superficie y los bienes de aquellas empresas que hubieran incumplido contratos o hubiesen defraudado al fisco; una nueva Ley de Reforma Agraria; promulgar leyes contra la corrupción; luchar contra la impunidad de anteriores gobernantes que cometieron violaciones a los derechos humanos o actos de lesa humanidad; ejecutar políticas sociales efectivas para romper el círculo de la pobreza; convocar a una Asamblea Constituyente, fundacional y soberana; efectivizar del proceso de construcción de autonomías regionales en los marcos de un Estado unitario; y reducir la brecha social y de redistribución del ingreso.

Esta propuesta, que ha recibido el 54 por ciento de apoyo del total de votantes -cifra inédita en la historia electoral boliviana- implica una definitiva apuesta por el cambio del modelo de acumulación económica y la relación Estado-sociedad. La historia política boliviana indica que puede estarse iniciando un ciclo de más o menos 20 años.

El gobierno del MAS puede jugar un importante rol en el proceso de integración latinoamericano. No olvidemos que Bolivia no sólo esta ubicada como bisagra entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), sino que además se constituye en el país con mayores reservas probadas de gas de la región, es el segundo en biodiversidad y uno de los diez países del mundo con mayores recursos acuíferos.

Más allá de los resultados del gobierno de Evo Morales Ayma, podemos concluir que la historia no podrá seguir siendo la misma. Los indígenas empiezan a desplegar las formas de realización de su concepción eco-política, holística y humana. Desde allí, sin duda, aportarán al progreso conceptual y político de la democracia, el desarrollo de los pueblos y la realización de los derechos humanos. En Bolivia, los indígenas han llegado al poder y, sin duda, será para quedarse.

*Fernando Rodríguez Ureña es sociólogo y secretario técnico del Capítulo Boliviano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo de La Paz, en Bolivia. Este artículo ha sido publicado en la edición impresa de Pueblos, nº 20, marzo de 2006, pp. 6-8.

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