..."Lo que os puedo dar os doy, que es una ínsula hecha y derecha, redonda y bien proporcionada..."
"Don Quijote de la Mancha". Capítulo XLII: " De los consejos que dió Don
Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula..."

ISSN: 1810-4479
Publicación Semanal. Año 3, Nro.149, Viernes, 10 de noviembre del 2006

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Legislación marginal o la ilegalidad hecha ley
Por Pastor Guzmán Castro

Leonel García Rodríguez, presidente del capítulo de la Sociedad de Derecho Internacional de la Unión de Juristas de Cuba (UNJC), en Sancti Spíritus, expresa sus opiniones acerca del endurecimiento de la política de EE. UU. contra la isla:

Ya lo había señalado Leonel a la hora de concertar este trabajo acerca de las medidas anticubanas del presidente -selecto- George W. Bush, que endurecen el ya asfixiante bloqueo de Estados Unidos contra Cuba: pese a él ser jurista, no se iba a limitar a los tópicos jurídico-legales para abordar el tema, sino que se extendería a los aspectos ético-morales y políticos a la luz de la práctica internacional vigente.

Poseedor de un extenso currículum no obstante su juventud, Leonel Octavio ha tenido oportunidad de participar en eventos de rango internacional y de platicar con especialistas extranjeros de alto nivel acerca de la legislación que rige las relaciones entre los estados y las que atañen a los ciudadanos dentro y fuera de sus países de origen.

En este sentido le han resultado útiles la experiencia acumulada al frente del Bufete de Servicios Legales Especializados de Sancti Spíritus, su título de Máster en Derecho Mercantil y Financiero y su condición de profesor adjunto del Centro Universitario José Martí.

ILEGALIDAD DE ESPIRITU Y DE FACTO

Leonel, las medidas de Bush contra Cuba aprobadas en meyo pasadohan sido presentadas en Estados Unidos como ajustadas a un marco legal. ¿Hasta dónde es esto cierto?

Sí, las medidas adoptadas por la actual administración republicana han sido concebidas dentro del marco establecido por la Ley Helms-Burton de 1996, pero la proyección actual viene a elevar la concepción intervencionista hacia nuestro país y a falsear la realidad cubana.

La Ley Helms-Burton no sólo ignora los derechos del pueblo y del Estado cubanos, sino que reprime además a los ciudadanos norteamericanos, porque fija sanciones por la vía administrativa para los estadounidenses que incumplan las regulaciones normadas por el Departamento de Estado al viajar sin su autorización a Cuba. Estas sanciones hasta un límite de 55 mil dólares se pueden extender, sin embargo, hasta 250 mil dólares o incluso privación de libertad de hasta 10 años, si estas personas, que han deseado hacer uso de un sagrado principio constitucional recogido en la Carta Magna norteamericana son llevados a los tribunales. En cuanto al sector empresarial se establecen multas de hasta un millón de dólares.

¿Cuáles pudieran ser los factores que llevaron a Bush a adoptar estas medidas?

Resulta indudable que en un primerísimo lugar está el factor electoral, aunque no es el único. La importancia de la Florida en su reelección presidencial se ha puesto de manifiesto en la política estadounidense contra Cuba, que la utiliza para ganar los votos de la ultra derecha cubano americana a contrapelo de la opinión mayoritaria de los habitantes de ese Estado y de sus derechos.

Hemos intercambiado con juristas estadounidenses sobre la postura de la actual administración hacia nuestro país, y nos han expresado que según encuestas realizadas por la Universidad de Miami, la inmensa mayoría de los habitantes del sur de la Florida están a favor del diálogo con la isla en una cifra que supera el 77 por ciento.

¿En cuanto a las citadas medidas, existe aunque sea un ápice de fundamento ético y moral que las respalde?

Por supuesto que no. Si apegadas al espíritu del engendro que constituye la Ley Helms-Burton pudieran tener algo de "legalidad" a los efectos de la judicatura de EE.UU., el mismo hecho de legislar para los ciudadanos de un Estado soberano ajeno a USA ya les quita toda legitimidad.

Si añadimos a esto que esa Ley de marras contiene dos capítulos de franco carácter extraterritorial, entonces entra en contradicción con la Constitución de Estados Unidos, con la Carta de las Naciones Unidas y con las normas y disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de la que ambos países forman parte.

Por otra parte no es ético separar a las familias, como contemplan esas nuevas medidas, ni restringir el parentesco a los consanguíneos más cercanos y cónyuges, ni impedirles a quienes viven en EE.UU. ayudar a los suyos residentes en Cuba como hacen por ejemplo, mexicanos, dominicanos, salvadoreños, puertorriqueños y ciudadanos de otras comunidades radicados en la Unión Americana.

Ellos plantean como premisa en una Cuba pos revolucionaria, la devolución de las propiedades a los antiguos dueños, e incluso legislaron sobre eso. ¿Acaso obró Cuba ilegalmente al confiscar a latifundistas y transnacionales?

Todo Estado es soberano a la hora de decidir la nacionalización y/o confiscación de tierras, empresas, etc., de capital nativo y extranjero, basándose en un interés nacional y según su Constitución. Cuba logró acuerdos de compensación con las personas naturales y jurídicas de los demás países afectados, excepto con Estados Unidos, porque las 10 administraciones que se han sucedido en el poder en Washington desde 1959 se han negado a ello. La razón principal es evidente: quieren destruir la Revolución y luego imponer su voluntad por la fuerza.

¿Significa entonces una política agresiva y aventurera?

Eso es indudable. Las medidas que anunció Bush en mayo pasado constituyen la más desafiante de las agresiones de ese país a lo largo de la historia de las relaciones bilaterales, y una cosa trae la otra, porque ya incluyen la enorme oposición que arbitrariedades tales como la expropiación al pueblo de Cuba les acarrearían y tienen previsto reprimir a los cubanos y hasta sacan las cuentas de la cantidad de huérfanos que provocarían. Eso no sólo es crueldad. Eso es pérfido y criminal. Eso es fascismo.

Del recetario del Plan Bush:

"Comenzar el proceso de reconstrucción de las instituciones del sector público entrenando al personal que integrará las filas del nuevo gobierno cubano".
"El gobierno de los EE.UU. establecerá un programa para modificar y reestructurar el sistema legal y reconstituirá los procedimientos civiles y criminales y las leyes, modernizará la profesión legal, desarrollará nuevos currículos y normas para las facultades de Derecho, así como para las asociaciones de abogados".

(Tomado textualmente del Plan Bush)

 




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