..."Lo que os puedo dar os doy, que es una ínsula hecha y derecha, redonda y bien proporcionada..."
"Don Quijote de la Mancha". Capítulo XLII: " De los consejos que dió Don
Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula..."

ISSN: 1810-4479
Publicación Semanal. Año 3, Nro.144, Viernes, 6 de octubre del 2006

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La prueba del terrorismo
Por Peter Kornbluh

El 11 de septiembre un magistrado de nivel medio llamado Norbert Garney presentó documentos legales en un tribunal de El Paso, Texas. Recomendaba poner en libertad al notorio terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles. Su respuesta a una petición de habeas corpus presentada por los abogados de Posada fue el “Informe y la Recomendaciones” de 23 páginas, donde Garney concluyó que la Administración de Bush no había aprovechado los procedimientos jurídicos básicos para mantener a Posada en la cárcel. Según el Informe y la Recomendación, Posada "jamás fue certificado por el Fiscal General como un terrorista o un peligro para la comunidad" de conformidad con la Ley Patriota, ni el Departamento de Justicia había presentado pruebas de "circunstancias especiales" que le permitieran mantener detenido a Posada por cuestiones de seguridad o terrorismo. A la luz de esas conclusiones, el magistrado escribió: "El Tribunal recomienda que se otorgue la liberación del Demandante por mandamiento de habeas, y que [Posada] sea liberado."

La Administración de Bush se enfrenta ahora al momento de la verdad frente al caso “Posada”. Considerado desde hace tiempo como el padrino de la perniciosa violencia contra Castro, Posada -alias Bambi, Comisario Basilio y Ramón Medina- ha practicado el arte del sabotaje, ataques con bombas e intentos de asesinato durante gran parte de sus 78 años de edad. Sin embargo, a diferencia de muchos presuntos terroristas con nombres del Medio Oriente que han sido apresados por las autoridades estadounidenses y detenidos indefinidamente en debido a disposiciones antiterroristas especiales, el Departamento de Seguridad Interna ha preferido tratar el problema “Posada” como un simple trámite de inmigración por "entrada ilegal". Todo indica que las "circunstancias especiales" parecen tener que ver con la participación de Posada en la CIA en la década de los años 1960, sus poderosos aliados cubano-americanos de la ultraderecha en la Florida y con la relación hostil de Washington con Venezuela, desde donde, en 1985, Posada escapó de la cárcel en la que se encontraba condenado por ser el autor intelectual de la voladura en el aire, el 6 de octubre de 1976, del Vuelo 455 de Cubana, en que resultaron muertos los 73 pasajeros a bordo.

Desde que Posada fue arrestado el 17 de mayo de 2005, después de entrar subrepticiamente a los Estados Unidos y de hacer alarde de su presencia en Miami durante casi dos meses, la Administración ha venido luchando por evitar los problemas políticos que le acarrearía procesarlo judicialmente, así como la hipocresía de ponerlo en libertad. Desde hace más de un año la Administración ha venido negándose a responder a una solicitud de extradición oficial presentada por Venezuela, y ha intentado deportar a Posada a un tercer país que no sea ni Venezuela ni Cuba. (Si la Administración negara de plano la solicitud, se vería obligada, de conformidad con el Convenio de 1973 de Montreal sobre la Aviación Civil, a someter a Posada a juicio por ese delito en los Estados Unidos.) Hasta ahora, según se describe en las actas del tribunal, los funcionarios estadounidenses han tratado de "lograr documentos de viaje" para que Posada viaje al Canadá, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, México y Guatemala. Todos han dicho que no.

No fue hasta el pasado mes de marzo, fecha en el que el tribunal estuvo listo para liberar a Posada bajo fianza, que la oficina de inmigración y aduana emitió una "Decisión provisional de continuar la detención" alegando su proclividad al terrorismo. La carta enviada a Posada por las autoridades de inmigración y aduana decía: "Usted tiene un historial de participación en actividades criminales, de asociación con personas que participan en actividades criminales, y de participación en actos violentos que indican su indiferencia por la seguridad del público en general". "Dado su historial de larga data de actividades criminales y de violencia en que resultaron muertos civiles inocentes, liberarlo de la detención supondría un peligro para la comunidad y para la seguridad nacional de los Estados Unidos."

Ahora bien, según el “Informe y la Recomendación” de Garney, esa carta no basta para impedir la liberación de Posada; el Fiscal General Alberto Gonzales debe presentar al tribunal de inmigración pruebas que avalen o certifiquen que Posada es un terrorista. Evidentemente, las pruebas son abrumadoras. Los expedientes de Posada incluyen actas de los tribunales sobre su condena en Panamá por acusaciones de poner en peligro la seguridad pública después de haber sido capturado en noviembre de 2000 en posesión de treinta y tres libras de explosivos C-4 en otro complot para asesinar a Castro; el hecho de haber admitido en 1997 a Ann Louise Bardach de The New York Times que había organizado una serie de ataques con bomba contra hoteles en La Habana, que le arrebataron la vida a un empresario italiano; y páginas y más páginas de documentos de la inteligencia estadounidense que lo identifican como uno de los autores de la voladura del avión de Cubana en 1976. Según un cable secreto de inteligencia de la CIA, días antes de que el avión estallara tras haber despegado de Barbados, Posada alertó: "Vamos a volar un avión cubano".

Ahora que se acerca el trigésimo aniversario de esa atrocidad, Posada se ha convertido en una prueba de la actitud camaleónica de George W. Bush, quien dijo que ninguna nación debería albergar a terroristas y que toda nación debe hacer lo que le corresponda para que los que comentan actos terroristas comparezcan ante la justicia. Los familiares de los que perdieron la vida en el avión están ejerciendo presiones sobre la Administración para responsabilizar a Posada por los hechos. En Cuba, el órgano oficial del Partido Comunista, Granma, publicó una declaración el 19 de septiembre del Comité de Familiares de las Victimas que decía: "A diferencia de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre... nosotros sí sabemos dónde están los asesinos de nuestras familias, quiénes los protegen, quiénes les brindan refugio". En una carta fechada el 20 de septiembre y dirigida al Fiscal General Gonzales, Roseanne Nenninger, hermana de Raymond Persaud, estudiante de medicina guyanés de 19 años de edad que murió en el avión, pidió "en nombre de la justicia por mi hermano, y los demás 72 pasajeros de ese avión donde encontraron la muerte", que Posada fuera certificado como terrorista. "Si Luis Posada Carriles no se ajusta a la definición de terrorista", apuntó, "la verdad es que es difícil imaginar quién se ajustaría".

Aún así, la Casa Blanca parece tener conflictos internos sobre la forma de proceder en este caso, e incluso sobre si debe proceder. El 21 de septiembre, el Departamento de Justicia presentó documentos en que se solicita una prórroga para responder a Garney. En la petición del Gobierno se calificó a Posada de "criminal confeso" y de "terrorista extranjero" cuya liberación "podría tener consecuencias significativas en las relaciones nacionales e internacionales". Sin embargo, "dadas la naturaleza y la complejidad del caso", los abogados gubernamentales declararon: "se requiere de tiempo adicional para concluir las consultas y deliberaciones en el seno del Gobierno de los Estados Unidos."

La solicitud de prórroga, hasta el 5 de octubre, significa que la decisión de la Administración probablemente se dé a conocer públicamente el día del aniversario de la voladura del vuelo 455 de Cubana. Es contra ese telón de fondo del acto más atroz de terrorismo internacional jamás cometido en América Latina que podría decidirse la suerte de Luis Posada Carriles –y junto a ellos, la credibilidad de la campaña del Presidente contra el terrorismo.

*Peter Kornbluh es el director del Proyecto de Documentación sobre Chile, de los Archivos de Seguridad Nacional, de la Universidad George Washington, una institución independiente que publicó los documentos desclasificados de la CIA y el FBI que prueban la participación de Luis Posada Carriles en la conspiración para volar con bombas el avión cubano que estalló el 6 de octubre de 1976, frente a las costas de Barbados. Murieron los 73 pasajeros.

Cortesía del Abogado José Pertierra

http://www.cubadebate.cu/index.php?tpl=especiales-show&noticiaid=
7572&noticiafecha=2006-09-29

 




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