Los archivos: veladores y custodios de la trasparencia del proceso electoral cubano.

Por Yorlis Delgado López

Los documentos o registros de información son la prueba del buen o mal actuar de las instituciones y las sociedades modernas. Son innumerables los ejemplos de acontecimientos que se han descubierto a los ojos de los investigadores o hacedores de historia por encontrar un manuscrito. Otros quedan bajo las sombras o quizás bajo la especulación de alguien, por no contar con la evidencia.  Esta realidad ha sido y es tan importante que los hombres a lo largo de la línea histórica, se han ocupado de conservar en los archivos aquellos documentos que consideran insoslayablemente útiles para las futuras generaciones. Estas organizaciones han devenido en un instrumento eficaz de las Administraciones Publicas para custodiar y respaldar la trasparencia de los procesos electorales en la etapa contemporánea de la historia.

La Ley No. 72 “Ley electoral” de 29 de octubre de 1992, fiel heredera de esta afirmación, establece un Titulo XII “Del archivo de los documentos y de la custodia de los bienes utilizados en los procesos electorales y de referendo”. Su objetivo es garantizar que cada ciudadano cubano o foráneo pueda investigar y consultar los resultados de cada uno de estos procesos.

Con este espíritu y la amplia tradición archivística con que Cuba cuenta hoy, el Archivo Nacional de la República conserva una muestra suficientemente grande las evidencias de cómo el pueblo aprobó su Constitución en 1976.  Igual se conservan las evidencias de los procesos constituyentes de la República Neocolonial.

El artículo 173 de la precitada ley regula que las “Comisiones Electorales, una vez terminado el proceso electoral o el referendo, disponen lo necesario para el envío de los bienes que se encuentran en su poder a las correspondientes Asambleas del Poder Popular, para su custodia y conservación.” Aunque no regula el plazo de conservación está claro el interés del Estado cubano por la preservación de tales registros, una vez terminado las elecciones.

Más adelante  la Ley Electoral Cubana establece la obligatoriedad de la Comisión Electoral Nacional de dictar  las disposiciones necesarias para la conservación o envío al Archivo Nacional de los documentos utilizados en los procesos electorales o en los referendos. Se impone además, que se conservarán íntegramente durante cinco años mínimos a partir de su fecha de emisión. Esta norma está en plena concordancia con los plazos de retención que se manejan en la doctrina contemporánea. No desatinadamente luego, la propia Ley, dicta la medida de que para la destrucción de cualquier documento utilizado en un período electoral o referendo, se requiere de la autorización de la Comisión Electoral Nacional.

Según el artículo 51 del Decreto- Ley No. 265  “Del Sistema Nacional de Archivos de la República de Cuba” de 10 de abril de 2009, las entidades están obligadas a declarar la tenencia de estos documentos entre los demás de valor histórico generados en los últimos veinticinco años y a entregar los creados con anterioridad, a cada archivo histórico provincial o municipal correspondiente. A estos les tocará, entonces determinar que muestra se conservará entonces para el futuro.

Se garantiza así, no solo el derecho a votar de cada uno de los ciudadanos mayores de edad, sino en el futuro, de poder constatar, evaluar y valorar  mediante evidencias documentales, la trasparencia y la legalidad de estos procesos. Las futuras generaciones podrán constatar la justeza de nuestro proceso.